LA OTRA TRANSICIÓN. Por JM Prades
Pero hubo otra Transición.
Una que se desarrolló dentro de las comisarías, los cuarteles y los cuerpos encargados de mantener el orden público. Una Transición mucho más lenta, conflictiva y contradictoria, en la que quienes tenían encomendada la misión de garantizar los derechos de los demás comenzaron a preguntarse por qué ellos carecían de determinados derechos.
La investigación académica de Pablo Alcántara Pérez sobre el sindicalismo policial permite situar sus antecedentes incluso antes de la muerte de Franco. Ya en 1974 aparecieron en Canarias panfletos que reclamaban mayor democracia dentro de la Policía. Tras la muerte de Franco, aquellas inquietudes adquirieron mayor dimensión y comenzaron a surgir conflictos entre quienes procedían de la estructura policial franquista y quienes ingresaban esperando encontrar una policía al servicio de una sociedad democrática.
También las nuevas tecnologías de comunicación contribuyeron a romper, aunque fuera de forma informal, la tradicional opacidad de los cuerpos policiales. El propio Rodolfo Martín Villa lo recordó años después con una llamativa anécdota: durante su etapa de estudiante, decía entretenerse con un aparato de radio interceptando las comunicaciones de los coches-patrulla. En octubre de 1977, ya como ministro del Interior, relató el episodio durante su visita al acuartelamiento de la Policía Armada de Moratalaz, donde compartió el rancho con los agentes mientras trataba de tranquilizarlos ante la reorganización de los cuerpos de seguridad. Como relata Diego Palacios Cerezales en un artículo académico dedicado a las apropiaciones de la logística estatal durante el tardofranquismo y la Transición, las emisiones de las radiopatrullas podían ser escuchadas desde el exterior y fueron utilizadas por distintos sectores como una forma de conocer los movimientos policiales.
En octubre de 1976, varios policías fueron juzgados en Barcelona por malos tratos a detenidos. Poco después, policías de Zaragoza utilizaron El País para manifestar su rechazo a la actitud de sus compañeros y reclamar una reforma del aparato policial y la separación de la Brigada de Investigación Social de las funciones policiales ordinarias.
La democratización, por tanto, no estaba entrando solamente desde el Parlamento. También comenzaba a discutirse dentro de las propias instituciones encargadas del orden público.
El 17 de diciembre de 1976
El punto de inflexión llegó el 17 de diciembre de 1976, apenas dos días después de la aprobación de la Ley para la Reforma Política.
En Madrid, policías armados, guardias civiles e inspectores del Cuerpo General de Policía se concentraron y posteriormente marcharon hacia el Ministerio de la Gobernación. La asamblea inicial reunió a unos doscientos participantes y la manifestación llegó posteriormente a varios centenares. Entre sus reivindicaciones figuraba una que hoy resulta especialmente significativa: querían ser considerados agentes de orden público y no soldados.
Aquella frase contenía mucho más que una reclamación laboral.
Planteaba la cuestión esencial que recorrería los años siguientes: ¿qué lugar debía ocupar una fuerza policial militarizada dentro de un Estado que estaba intentando convertirse en democrático?
La respuesta del Gobierno fue contundente. Tras la manifestación se produjeron detenciones y expedientes; el 18 de diciembre volvieron a concentrarse unos cincuenta guardias civiles y policías para protestar contra ellas. Entre el 18 y el 22 fueron detenidos sesenta agentes y otros cien fueron expedientados.
La represión no acabó con el movimiento.
Paradójicamente, contribuyó a que comenzaran a organizarse núcleos sindicales clandestinos. Sus reivindicaciones terminaron articulándose en tres grandes bloques: mejoras laborales; derechos democráticos (sindicación, reunión, manifestación y huelga); y desmilitarización, eliminación de militares de los puestos de mando, supresión de la Brigada de Investigación Social y unificación de los cuerpos policiales.
Es decir, el conflicto había dejado de ser exclusivamente laboral.
Una prensa que intentaba mirar dentro
La prensa desempeñó un papel fundamental porque permitía hacer público aquello que las instituciones preferían mantener en su interior.
El caso de José Antonio Martínez Soler resulta especialmente ilustrativo. Su investigación sobre los cambios internos de la Guardia Civil, publicada en Doblón en 1976, terminó enfrentándolo a la jurisdicción militar y, posteriormente, sufrió un secuestro relacionado, según su propio testimonio, con la búsqueda de sus fuentes.
Un año después, Miguel Ángel Aguilar e Ignacio Álvarez Vara publicaron en Cambio 16 "La Guardia Civil no se rinde".
No conocemos hoy el contenido íntegro del artículo y, por rigor, no debemos atribuirle conclusiones que no podamos demostrar. Sí sabemos, por el propio Aguilar, que la investigación recibió documentación de un general en activo de la Guardia Civil, Manuel Prieto López, y que el periodista terminó procesado por la jurisdicción militar por presunto delito de sedición.
Dos episodios diferentes, pero reveladores de un mismo problema: la prensa estaba intentando penetrar en las contradicciones internas de una institución que todavía pertenecía en buena medida al ámbito de la cultura militar y de la seguridad del Estado.
Y mientras los periodistas intentaban averiguar qué estaba sucediendo dentro, los propios policías comenzaban a hablar públicamente.
El 2 de septiembre de 1977, representantes de una organización policial todavía no formalizada comparecieron en una rueda de prensa para denunciar los consejos de guerra derivados de la protesta de diciembre. Su reivindicación fue inequívoca: "No queremos ser militares, sino civiles".
La contradicción de la Transición
Aquí aparece una de las grandes paradojas de aquellos años.
El sistema político avanzaba hacia la democracia, pero la reforma de los cuerpos de seguridad avanzaba mucho más lentamente.
Los Pactos de la Moncloa, firmados el 25 de octubre de 1977, incorporaron expresamente una nueva concepción del orden público basada en el respeto a las libertades públicas y los derechos humanos. Sin embargo, la estructura prevista seguía diferenciando entre un cuerpo civil (el Cuerpo Superior de Policía) y dos cuerpos militares: Policía Armada y Guardia Civil.
La contradicción continuó en 1978.
La Ley 55/1978, de 4 de diciembre, reorganizó la Policía y sustituyó la denominación de Policía Armada por Policía Nacional, pero no desmilitarizó ni la Policía Armada ni la Guardia Civil. Tampoco reconoció el derecho de sindicación dentro de aquella regulación.
Cambió la denominación. Cambió el uniforme. Cambió el marco político. Pero no había cambiado todavía la naturaleza fundamental del problema.
De 1976 a los años ochenta
Por eso sería un error situar el nacimiento del sindicalismo de policías y guardias civiles exclusivamente en los años ochenta.
En 1976 ya existían reivindicaciones democráticas.
En 1977 aparecieron organizaciones clandestinas.
En 1978 la legislación seguía sin resolver la cuestión de la militarización, pese a que la recién aprobada Constitución ya diferenciaba, en sus artículos 8 y 104, las Fuerzas Armadas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Y durante los años siguientes los sindicatos policiales continuaron reclamando desmilitarización, unificación y derechos sindicales.
La gran reforma llegaría finalmente con la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El propio estudio de Alcántara Pérez sitúa entonces el cambio significativo en la democratización de los cuerpos policiales, aproximadamente una década después del comienzo de la Transición política.
Pero para la Guardia Civil la historia sería diferente.
La Guardia Civil continuó siendo un instituto armado de naturaleza militar.
Y ahí aparece el elemento que conecta nuestra investigación con el SUGC.
Cuando en los años ochenta los guardias civiles comenzaron a organizarse clandestinamente, la reivindicación de la desmilitarización no era una ocurrencia nueva. Era la prolongación de una cuestión que había aparecido públicamente en diciembre de 1976 y que, una década después, seguía sin respuesta.
No podemos afirmar que existiera una continuidad orgánica entre aquellos primeros manifestantes y el SUGC.
Sí podemos afirmar algo más prudente y, precisamente por eso, más sólido:
había una continuidad de problemas.
Y también una continuidad de reivindicaciones.
La historia que quedó entre las líneas
La Transición no fue un proceso uniforme.
Mientras las Cortes discutían leyes y la sociedad española avanzaba hacia un sistema constitucional, dentro de las instituciones de seguridad permanecían estructuras, culturas profesionales y relaciones de mando heredadas del franquismo.
Algunos de quienes formaban parte de ellas intentaron cambiar esa realidad.
Otros la defendieron.
La prensa intentó conocerla.
El Gobierno trató de reformarla sin romper completamente con el aparato heredado.
Y quienes reclamaron derechos desde dentro pagaron, en ocasiones, un precio muy alto.
Por eso el 17 de diciembre de 1976 merece ser recuperado de la memoria de la Transición.
No porque aquel día naciera el sindicalismo policial o de la Guardia Civil.
No porque todos sus protagonistas compartieran las mismas ideas.
Y tampoco porque aquella protesta pueda interpretarse retrospectivamente como el comienzo lineal de lo que sucedería diez años después.
Su importancia es otra.
Aquel día quienes estaban encargados de hacer cumplir el orden salieron a la calle para reclamar que el nuevo orden democrático también les reconociera derechos.
Esa contradicción explica buena parte de lo que sucedería después.
Porque mientras la democracia política se consolidaba, la democracia dentro de algunos de sus propios instrumentos coercitivos todavía estaba pendiente de construcción.
La historia del SUGC, de la Operación Columna y de las posteriores reivindicaciones de desmilitarización no apareció de la nada.
Tenía una prehistoria.
Y esa prehistoria comenzó mucho antes de que tuviera nombre.
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