La libertad sindical también se defiende estando presente. Por JM Prades


La jornada del pasado 29 de octubre sobre libertad sindical y negociación colectiva dejó, además de las intervenciones y propuestas planteadas, algunas preguntas que merecen una reflexión.

La presencia de los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, no fue un gesto protocolario cualquiera. Que los máximos responsables de las dos principales organizaciones sindicales del país acudieran personalmente a respaldar un debate sobre los derechos de representación de policías y guardias civiles evidencia la relevancia que conceden a una cuestión que trasciende el ámbito estrictamente policial.

No todos los días las direcciones confederales de ambos sindicatos se implican directamente en un debate de estas características. Su presencia constituye un respaldo explícito a una reivindicación que afecta a derechos fundamentales y que, especialmente en el caso de la Guardia Civil, continúa pendiente de una solución satisfactoria.

Pero, junto a las presencias, también hay que reparar en las ausencias.

No se trata de sostener que la asistencia fuera obligatoria, ni de exigir adhesiones a las posiciones de los organizadores. Tampoco de convertir la participación en una prueba de fidelidad sindical. Se trata de algo bastante más sencillo: cuando se convoca una jornada para debatir sobre libertad sindical, negociación colectiva y derechos profesionales, las organizaciones directamente afectadas deberían ser las primeras interesadas en estar presentes.

Y no necesariamente para aplaudir. También para discrepar, cuestionar, defender sus planteamientos y aportar alternativas. Porque la pluralidad sindical se demuestra igualmente en los espacios donde no todos piensan lo mismo.

La cuestión de fondo, sin embargo, va más allá de la asistencia. ¿Quieren realmente la libertad sindical? ¿Qué clase de libertad sindical defienden? ¿Está incluida en ella la libre sindicación, entendida como la posibilidad de que cada profesional pueda elegir libremente la organización sindical a la que desea afiliarse?

Son preguntas especialmente pertinentes en dos cuerpos policiales que mantienen regímenes de representación diferentes y con importantes limitaciones. Defender la libertad sindical exige algo más que reclamar mejores condiciones para las organizaciones ya reconocidas: exige preguntarse si ese derecho debe alcanzar también a quienes quieren ejercerlo fuera de los espacios de representación establecidos.

La asistencia a una jornada no es una obligación. Pero la defensa de los derechos que afectan a los representados sí debería constituir una responsabilidad permanente de quienes dicen representarlos.

¿Puede una organización reivindicar libertad sindical para el colectivo al que representa y, al mismo tiempo, mostrarse reticente a que sus integrantes puedan elegir libremente otra organización para defender sus intereses?

Quizá convendría dedicar menos esfuerzos al escaparate y algo más a los debates que afectan al fundamento mismo de la representación sindical. Porque la libertad sindical no se defiende únicamente con comunicados, fotografías o declaraciones. También se defiende estando presente. 

Y, sobre todo, defendiendo que sea una libertad real, no una libertad diseñada a la medida de quienes ya tienen un lugar en el sistema.

Quizá ha llegado el momento de que cada organización responda públicamente a una pregunta muy concreta:

¿Defiende su organización que los miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil puedan afiliarse libremente a cualquier organización sindical legalmente constituida, incluidos los sindicatos de clase, o considera que la representación profesional debe circunscribirse a organizaciones específicas de cada cuerpo?

La respuesta, o la ausencia de ella, también será una forma de retratarse.

Comentarios

Entradas populares de este blog

HISTORIA DE FLORENCIO GARRIDO, UN GUARDIA CIVIL EN LA CLANDESTINIDAD POR LA LUCHA DE UNOS DERECHOS.

José Manuel Sánchez Fornet, dos años sin una voz incómoda para el poder. Por JM Prades

Huelva, Barbate y la política del duelo. Por JM Prades