Huelva, Barbate y la política del duelo. Por JM Prades

Superado el primer impacto emocional por la muerte de dos guardias civiles durante la persecución de una narcolancha frente a la costa de Huelva, conviene abandonar tanto el sentimentalismo automático como la consigna partidista y entrar en el terreno incómodo de la reflexión. Porque lo ocurrido no fue solo una tragedia: fue la confirmación de un problema estructural que España arrastra desde hace años en la lucha contra el narcotráfico en el sur.

Los hechos son conocidos: dos agentes del Servicio Marítimo fallecieron cuando dos embarcaciones oficiales colisionaron a gran velocidad durante una persecución de una narcolancha a unas 70 millas de la costa onubense. No hubo embestida directa de los narcos como en Barbate en 2024, pero sí el mismo origen: una operación de alto riesgo contra organizaciones criminales cada vez más potentes, mejor equipadas y más violentas. La propia investigación judicial parte de ese contexto, no de un simple siniestro aislado.

Ahí aparece el primer error político: reducir lo ocurrido a un mero “accidente laboral”. Técnicamente puede ser cierto desde el punto de vista administrativo, pero social y moralmente resulta insuficiente. Cuando María Jesús Montero utilizó esa expresión, asociaciones y sindicatos como AUGC, JUCIL o SUP, entre otras, reaccionaron con dureza porque entendieron que se desdibujaba la realidad esencial: aquellos agentes murieron en acto de servicio, persiguiendo a narcotraficantes. Para muchos compañeros, no era una cuestión semántica sino de reconocimiento institucional. Montero rectificó después, pero el daño político ya estaba hecho.

Sin embargo, también sería simplista convertir todo esto en una batalla de buenos y malos entre Gobierno y oposición. La derecha encontró aquí un argumento electoral de enorme potencia: Guardia Civil, narcotráfico, inseguridad y sensación de abandono estatal. El PP vinculó rápidamente Huelva con Barbate y con la exigencia de dimisión de Fernando Grande-Marlaska. Vox fue todavía más lejos, acusando al Ejecutivo de “atar de manos” a la Guardia Civil. Había base para exigir responsabilidades y más medios, sí; pero también hubo una clara rentabilización política del dolor, especialmente en plena campaña andaluza. Incluso algún medio lo señala así: duelo institucional y cálculo electoral convivieron al mismo tiempo.

Pero tampoco el Gobierno puede refugiarse en la crítica al oportunismo ajeno para evitar su propia responsabilidad. El problema de fondo sigue siendo el mismo que tras Barbate: ¿están hoy mejor protegidos los agentes que hace dos años? Las asociaciones profesionales sostienen que no. Hablan de embarcaciones inferiores frente a narcolanchas mucho más potentes, falta de protocolos específicos, carencia de formación, escasez de plantillas y sensación de desamparo jurídico. No basta con exhibir estadísticas de decomisos y operaciones; la pregunta es si el Estado está ganando realmente control territorial frente a mafias que cada vez actúan con más impunidad.

A todo ello se suma un elemento poco citado pero muy revelador: la propia Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo fue crítica con la gestión posterior al caso Barbate. La misión de eurodiputados desplazada a Andalucía concluyó con un informe que reclamaba reconocer a Guardia Civil y Policía como profesión de alto riesgo, reforzar la protección jurídica de los agentes y aclarar la presunta retirada de pruebas relevantes antes de su visita, incluida la patrullera implicada en los hechos. La posterior solicitud de comparecencia de Marlaska en la Eurocámara -aunque no obligatoria- tuvo un enorme peso simbólico: por primera vez la sospecha de opacidad no venía solo de la oposición o de los sindicatos policiales, sino también de una institución europea. Más allá de la disputa partidista, el mensaje era claro: cuando el Estado parece más preocupado por proteger su relato que por garantizar transparencia, la confianza se erosiona aún más.

Aquí entra una cuestión especialmente delicada: el uso que también hacen las asociaciones profesionales y sindicatos policiales de estas tragedias. Sería ingenuo negarlo. Sí, aprovechan estos sucesos para reforzar reivindicaciones como más medios, mejor protección jurídica y, especialmente, el reconocimiento como profesión de riesgo. De hecho, tras Huelva volvió a escucharse con fuerza: “que se nos considere ya profesión de riesgo”.

Ahora bien, conviene distinguir entre una reivindicación legítima y una simplificación oportunista. Convertir la etiqueta “profesión de riesgo” en si fuera la solución central puede ser engañoso. Ese reconocimiento tendría efectos importantes -mejor cobertura, jubilación, protección social, compensaciones y reconocimiento institucional-, pero no habría evitado la colisión en alta mar. No sustituye una patrullera mejor, ni un protocolo táctico más eficaz, ni una mayor cobertura judicial frente al narcotráfico. Es una mejora laboral y simbólica, no una barrera física contra una narcolancha.

Por eso, cuando algunas asociaciones presentan esa reclamación como eje principal tras cada tragedia, también participan -aunque de otro modo- en la instrumentalización del suceso. No con fines electorales partidistas, sino corporativos y reivindicativos. Es comprensible y en buena parte legítimo: representan a quienes arriesgan la vida. Pero conviene no confundir reconocimiento profesional con solución operativa. La profesión de riesgo dignifica; no reemplaza la política de seguridad.

La gran omisión de casi todos los discursos es que el narcotráfico no se combate solo con más dureza penal ni solo con mejores salarios policiales. Se combate también allí donde se vuelve socialmente aceptable: en entornos donde el dinero rápido del narco tiene más prestigio que el trabajo legal, donde la impunidad se normaliza y donde el Estado aparece lejano o débil. Cuando una organización criminal deja de parecer excepcional y empieza a formar parte del paisaje, el problema deja de ser únicamente policial y pasa a ser antropológico.

Ese quizá sea el dato más preocupante. No que hayan muerto dos guardias civiles, sino que exista el riesgo de acostumbrarse a ello. Barbate debía haber sido un punto de inflexión. Huelva demuestra que no lo fue.

Y mientras unos usan a los muertos como munición electoral, otros se refugian en tecnicismos burocráticos y otros aprovechan para reforzar agendas corporativas, la pregunta esencial sigue intacta: ¿hay voluntad real de afrontar el problema más allá del titular de una semana?

Porque si no la hay, Huelva no será una excepción trágica. Será simplemente otra advertencia ignorada.