El secreto de los débiles y la opacidad del poder. Por JM Prades

El movimiento clandestino de la Guardia Civil y la Operación Columna representan dos realidades distintas de una misma cuestión: quién necesita ocultarse, quién dispone de los medios para hacerlo y quién debe responder por ello.

El secreto, la ocultación y la disimulación han acompañado históricamente al ejercicio del poder. También han sido, en determinadas circunstancias, instrumentos de resistencia frente a él. Sin embargo, que dos actores recurran a técnicas similares no significa que sus actuaciones sean equivalentes, ni que puedan juzgarse desde la misma posición moral o política.

Esta distinción, que recorre buena parte de la historia del pensamiento político, adquiere una especial relevancia cuando se examinan dos episodios de la historia reciente de la Guardia Civil: el movimiento clandestino que impulsó reivindicaciones profesionales y democráticas dentro del Cuerpo y la denominada Operación Columna.

La primera cuestión que conviene plantear es por qué algunos guardias civiles tuvieron que recurrir a la clandestinidad para reclamar derechos. En una institución de naturaleza militar, con un régimen disciplinario restrictivo y ningún margen para la expresión colectiva de discrepancias, la organización abierta no era una opción realista para quienes pretendían promover cambios desde dentro.

En ese contexto, ocultar la identidad, mantener contactos discretos, utilizar intermediarios o evitar que trascendieran determinadas actividades no constituían necesariamente una voluntad de engañar por interés personal. Podían ser, sencillamente, mecanismos de protección. La clandestinidad era el precio que algunos estaban dispuestos a pagar para sostener unas reivindicaciones que difícilmente podían defender de manera pública sin exponerse a consecuencias disciplinarias.

Eso no convierte automáticamente en irreprochables todas las actuaciones de quienes participaron en aquel movimiento, ni elimina sus contradicciones internas, sus diferencias o sus posibles errores. La historia del SUGC, como venimos comprobando, dista mucho de ser una trayectoria uniforme. Pero sí obliga a considerar las condiciones en las que se desarrolló y la desigualdad existente entre quienes reclamaban derechos y la institución frente a la que lo hacían.

La perspectiva cambia cuando nos situamos en el otro lado: el del poder institucional.

La Operación Columna plantea precisamente interrogantes sobre el empleo de los recursos del Estado frente a quienes promovían una transformación democrática dentro de la Guardia Civil. Aquí el secreto ya no aparece como una posible herramienta de autoprotección de individuos sometidos a una estructura jerárquica, sino como una cuestión que afecta al funcionamiento de los propios mecanismos institucionales de vigilancia, investigación y actuación.

No se trata de afirmar, sin examinar cada documento, que toda actuación desarrollada bajo ese nombre tuviera idéntica finalidad, que todas las personas afectadas desempeñaran el mismo papel o que cualquier información reservada constituyera por sí misma una irregularidad. La seguridad y la investigación pueden exigir legítimamente cierta reserva. Pero esa necesidad no concede al poder una patente de corso ni convierte la opacidad en una justificación suficiente.

La diferencia fundamental reside en la posición de cada actor. Un guardiacivil que ocultaba su identidad para evitar represalias por defender determinadas reivindicaciones no disponía de los medios, la autoridad ni la capacidad de intervención de una estructura estatal. Quien actúa desde el aparato institucional, en cambio, debe responder por el uso de los recursos públicos, por la legalidad de sus actuaciones y por las consecuencias que estas producen.

Por eso no son prácticas equivalentes, aunque compartan técnicas. El secreto puede proteger a quien se encuentra en una situación de vulnerabilidad; también puede servir para preservar una actuación institucional del conocimiento público. Puede ser una condición para ejercer un derecho en circunstancias adversas o convertirse en un instrumento para impedir que se conozcan actuaciones que deberían estar sometidas a control.

Y ahí aparece la contradicción que merece nuestra atención: ¿con qué legitimidad se exigía transparencia, disciplina y obediencia a quienes reclamaban derechos, mientras determinadas actuaciones del propio aparato institucional permanecían fuera del alcance del conocimiento público?

No es una cuestión baladí. Tampoco se resuelve invocando genéricamente la seguridad, la disciplina o la razón de Estado. La reserva puede estar justificada durante una investigación, pero no debería transformarse en una forma permanente de sustraer la actuación de los poderes públicos al escrutinio democrático. El secreto institucional no puede convertirse en una garantía de impunidad.

Quizá por eso la historia del movimiento clandestino de la Guardia Civil y la Operación Columna deban estudiarse conjuntamente, aunque sin confundirlas. Una permite comprender por qué hubo quienes tuvieron que ocultarse para defender sus reivindicaciones; la otra obliga a preguntarse cómo y con qué límites se utilizó el poder institucional frente a quienes cuestionaban el orden establecido.

La cuestión de fondo no es, por tanto, quién ocultó información o quién recurrió a la disimulación. Es quién tenía capacidad para imponer el silencio, quién podía investigar al otro, quién controlaba los medios y, sobre todo, quién estaba obligado a rendir cuentas.

Si la clandestinidad de quienes reclamaban derechos fue una consecuencia de las condiciones en las que se encontraban, la opacidad de las instituciones que actuaron sobre ellos exige una explicación mucho más rigurosa. No basta con que el tiempo pase, con que los protagonistas desaparezcan o con que los documentos permanezcan inaccesibles.

Porque una democracia no se mide únicamente por los derechos que reconoce en sus leyes, sino también por su capacidad para esclarecer las ocasiones en que esos derechos fueron obstaculizados o vulnerados.

Y queda una pregunta que sigue pendiente: si el secreto puede ser legítimo para proteger al ciudadano frente al poder, ¿quién protege al ciudadano cuando es el propio poder quien se ampara en el secreto?

Hay, sin embargo, otra cuestión que merece explicación: el escaso protagonismo que el esclarecimiento de la Operación Columna parece tener en las reivindicaciones del asociacionismo profesional actual. ¿Cómo es posible que unas organizaciones nacidas, al menos en parte, de la lucha por los derechos y las libertades dentro de la Guardia Civil no hayan convertido el esclarecimiento de aquellos episodios en una reivindicación sostenida? ¿Se trata de una cuestión olvidada, de una dificultad documental, de una decisión estratégica o de la incomodidad que supone revisar determinados capítulos de la historia institucional? No conviene anticipar respuestas, pero tampoco parece razonable seguir pasando por alto estas preguntas.

Una asociación profesional no tiene por qué asumir como propia cada interpretación del pasado, pero sí debería poder exigir que se esclarezcan los hechos que afectaron a los derechos de los guardias civiles.

La memoria democrática no debería depender de partidismo alguno ni de aquello que resulte cómodo recordar, sino de la voluntad de conocer también lo que incomoda.