Evolución en la Guardia Civil… ¿y la memoria? Por JM Prades

Se aproxima, un año más, la festividad de la Virgen del Pilar, Patrona de la Guardia Civil. Habrá misas, banderas, formaciones, desfiles, discursos, condecoraciones, homenajes a los caídos y, abundantes referencias al servicio, al sacrificio, al compañerismo y a la tradición del Cuerpo.

Todo ello forma parte de su historia. Pero no de toda su historia.

Porque hay otra historia de la Guardia Civil que rara vez parece encontrar acomodo en la liturgia institucional: la de quienes, desde dentro del propio Cuerpo, reclamaron derechos, libertades y unas condiciones profesionales acordes con la democracia constitucional.

Y quizá convendría recordarla precisamente cuando se habla de evolución.

En 1980, durante el debate parlamentario sobre el encaje de la Guardia Civil en el nuevo Estado democrático, Luis Solana Madariaga planteaba una cuestión que, con diferentes formulaciones, lleva décadas acompañando a la institución: cuál debía ser exactamente el papel de la Guardia Civil dentro del sistema de seguridad del Estado. El debate no era menor. Se trataba de determinar qué debía conservarse de su estructura militar y qué debía adecuarse a las funciones policiales que desempeñaba.

Han transcurrido más de cuatro décadas.

Hoy la respuesta jurídica está mucho más definida. La Guardia Civil es un cuerpo de seguridad del Estado de naturaleza militar, dependiente del Ministerio del Interior para sus funciones policiales y del de Defensa en las misiones de carácter militar que le corresponden. Así lo establece la legislación vigente.

¿Qué significa la evolución democrática de una institución que tiene como misión proteger los derechos y libertades de los ciudadanos cuando algunos de esos derechos han tenido que ser reivindicados, durante décadas, por sus propios integrantes?

La historia de la Guardia Civil no empieza ni termina en sus orígenes, sus tradiciones, sus grandes servicios, sus víctimas o sus episodios más conocidos. También existe una historia menos solemne.

La de las reivindicaciones profesionales. La de quienes reclamaron mejores condiciones de trabajo. La de quienes cuestionaron determinadas restricciones. La de los movimientos clandestinos que, antes de que existieran asociaciones profesionales legalmente reconocidas, reclamaron derechos constitucionales. Y también la de quienes pagaron un precio personal y profesional por hacerlo.

No es una interpretación ideológica. Es historia parlamentaria.

El 30 de septiembre de 2009, el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad una proposición no de ley relativa a la readmisión de agentes de la Guardia Civil perseguidos y expulsados por solicitar el derecho de asociación reconocido en el artículo 22 de la Constitución. El propio Congreso dejó constancia posteriormente de que aquella iniciativa pretendía reparar una situación que afectaba a quienes habían impulsado los movimientos asociativos democráticos.

Aquello debería formar parte de la memoria democrática de la institución.

Sin embargo, basta observar la programación institucional de la Patrona para comprobar qué elementos de la historia reciben habitualmente protagonismo: bandera, tradición, servicio, unidades, especialidades, música, desfile, parada militar, homenaje y sacrificio. En la Semana Institucional de 2026 celebrada recientemente en Cádiz, por ejemplo, encontramos todos esos elementos, junto a exposiciones y actividades de acercamiento a la ciudadanía.

Nada que objetar. Pero cabe formular una pregunta.

¿Dónde queda la historia de quienes lucharon para que los propios guardias civiles pudieran disfrutar de más derechos?

La propia Guardia Civil recuerda oficialmente que la primera celebración de la festividad de su Patrona se organizó en 1913 y recupera aquella tradición, con sus referencias a las virtudes militares, al compañerismo, al sacrificio de los compañeros fallecidos y a la propia historia corporativa.

¿Por qué no recuperar también, con la misma naturalidad, la historia de los guardias civiles que reivindicaron derechos?

No se trata de sustituir una memoria por otra. Mucho menos de cuestionar los legítimos homenajes de la institución. Se trata simplemente de ampliar la fotografía.

Porque una institución democrática no debería tener miedo de su propia historia, tampoco de sus capítulos más incómodos.

Y quizá resulte paradójico que una institución cuya misión constitucional consiste en proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades haya tardado tanto tiempo en asumir algunos de ellos para sus propios miembros.

La evolución, además, no consiste únicamente en cambiar vehículos, armamento, uniformes, tecnologías, especialidades o procedimientos. Tampoco consiste exclusivamente en modernizar estructuras.

Modernizar una institución es adaptarla técnicamente a su tiempo. Democratizarla es algo más profundo: significa también revisar aquello que afecta a los derechos de quienes la integran.

Por eso, cuando dentro de unos días vuelvan a escucharse discursos sobre tradición, sacrificio, compañerismo y servicio a España, quizá no estaría de más añadir una palabra más: memoria.

Memoria de quienes estuvieron. Memoria de quienes sirvieron. Memoria de quienes murieron cumpliendo con su deber. Pero también memoria de quienes, desde dentro, entendieron que servir al Estado de Derecho implicaba reclamar que ese mismo Estado de Derecho también les alcanzara a ellos.

Porque una institución no debería celebrar únicamente la historia que la enorgullece.

También debería ser capaz de recordar la historia que la hizo evolucionar.

Y quizá esa sea la verdadera pregunta que podríamos hacernos ante una nueva festividad de la Patrona:

¿Ha evolucionado la Guardia Civil? Sin duda.
Pero ¿hemos evolucionado también en la manera de contar su historia?