¿Y si hubiera que investigar la otra cara de la Transición? Por JM Prades

 

El próximo 17 de diciembre se cumplirán cincuenta años de aquella manifestación de 1976 que reunió en Madrid a miembros de los cuerpos de seguridad para reclamar derechos laborales y profesionales en una España que apenas comenzaba a desprenderse de la dictadura.

Medio siglo después, probablemente habrá homenajes, discursos, fotografías y recuerdos. Y está bien que los haya. Pero quizá el mejor homenaje que podríamos hacer a quienes aquel día dieron un paso adelante sería otro: atrevernos a investigar qué ocurrió después con quienes continuaron aquella lucha.

Porque el devenir del sindicalismo en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad durante la Transición todavía tiene demasiadas zonas oscuras.

Hay acontecimientos que forman parte de la historia oficial y otros que, sencillamente, han quedado fuera de ella. No necesariamente porque sean falsos, sino porque nadie se tomó el trabajo de reunir los documentos, escuchar a quienes los vivieron y establecer qué ocurrió realmente.

La historia del sindicalismo clandestino en la Guardia Civil puede ser uno de ellos.

Durante décadas hemos hablado de la Transición, de la democratización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de la progresiva conquista de derechos. Pero existe una pregunta mucho menos cómoda: ¿Qué sucedió con quienes, desde dentro de la Guardia Civil, intentaron reclamar esos derechos cuando todavía no estaban reconocidos?

En 1986, diez años después de los sucesos de diciembre de 1976, Cambio 16 atribuía al CESID la investigación sistemática del movimiento sindical clandestino de la Guardia Civil, por orden directa del ministro de Defensa, Narcís Serra, y señalaba expresamente a los guardias procesados en 1976 como punto de partida de esas investigaciones. ¿Qué documentación produjo esa actividad de inteligencia y dónde se encuentra hoy? ¿Qué información generaron aquellos servicios, qué archivos se conservan y qué relación existe entre esa actividad de inteligencia y la posterior Operación Columna?

Y a propósito de la Operación Columna. Mención especial merece José Carlos Piñeiro González, no solo por haber formado parte de aquella lucha clandestina, sino por haberse dedicado durante décadas a conservar, investigar y hacer pública una documentación que resulta esencial para reconstruir la misma. La recepción de esos documentos de manos de Luis Roldán y su posterior difusión han permitido que una parte de aquella historia no quedara sepultada en los archivos. Piñeiro asumió así una tarea que trasciende su propia experiencia: preservar la memoria de quienes fueron perseguidos y poner a disposición de la sociedad las pruebas necesarias para que los hechos puedan ser conocidos y esclarecidos.

¿Una democracia que investigaba a quienes reclamaban derechos?

Porque no basta con decir que España estaba atravesando una transición compleja, que existían amenazas terroristas o que las Fuerzas Armadas y los cuerpos policiales procedían de una estructura autoritaria. Todo eso es cierto. Pero una democracia no se mide únicamente por las instituciones que crea. También se mide por cómo trata a quienes cuestionan pacíficamente el funcionamiento de esas instituciones.

Si los guardias civiles que reclamaban derechos fueron considerados una amenaza por el Estado, debemos saber por qué. Si fueron perseguidos, debemos saber bajo qué órdenes. Si fueron sometidos a condiciones de prisión o interrogatorio susceptibles de constituir trato degradante, debemos investigarlo.

Y si existieron abusos, quienes los padecieron tienen derecho a que sean reconocidos. No porque el pasado pueda modificarse. Sino porque la justicia histórica también consiste en establecer la verdad de lo ocurrido. Porque los casos empiezan a acumularse.

En Huelva, en mayo de 1989, cuatro guardias civiles fueron detenidos y enviados a prisión preventiva por su presunta vinculación con la Unión Democrática de Guardias Civiles y el Sindicato Unificado de la Guardia Civil. La prensa de la época recogió la controversia sobre la aplicación del Código Penal Militar y sobre la competencia de la jurisdicción castrense.

El caso de Manuel Rosa resulta todavía más revelador. Su actividad relacionada con el SUGC acabó desembocando en un procedimiento militar por sedición e insulto a superior. La STC 4/1990 reconoció su derecho al juez ordinario predeterminado por la ley y recordó el carácter restrictivo que constitucionalmente debía tener la jurisdicción militar. No estamos, por tanto, ante una historia reconstruida décadas después: el conflicto dejó una huella perfectamente identificable en la jurisprudencia constitucional.

Pero Rosa no fue un caso aislado.

En 1990 apareció también el caso de Manuel Linde, quien denunció haber sufrido detenciones, agresiones e internamientos psiquiátricos en establecimientos militares. El País informó de que había permanecido internado durante distintos periodos y de que un juzgado había admitido a trámite una querella relacionada con su ingreso en el pabellón psiquiátrico del Hospital Militar Gómez Ulla. 

Y existe un elemento particularmente significativo: el asunto llegó al Congreso de los Diputados, donde se formuló una pregunta específica sobre las circunstancias de su arresto y su internamiento en la planta de psiquiatría del Hospital Militar Gómez Ulla. 

Y aparece entonces una cuestión todavía más delicada: la utilización de establecimientos psiquiátricos militares.

Y el asunto adquiere todavía mayor gravedad cuando sabemos que el propio Manuel Rosa, promotor del SUGC, pasó también por establecimientos hospitalarios militares durante aquella etapa. El País informó incluso de que dirigentes de UGT y Comisiones Obreras intentaron visitarlo cuando se encontraba recluido en un hospital militar.

¿Fueron decisiones estrictamente médicas? ¿Existieron diagnósticos profesionales independientes? ¿Hubo algún tipo de presión disciplinaria o institucional detrás de determinados ingresos? ¿Cuántos guardias civiles pasaron por situaciones semejantes?

Son preguntas. No acusaciones. Y precisamente por eso deberían ser investigadas.

Porque si alguna de aquellas actuaciones hubiera tenido como finalidad castigar, intimidar o neutralizar a miembros de la Guardia Civil por sus ideas democráticas o por su actividad sindical, estaríamos ante algo mucho más grave que un conflicto laboral. Dependiendo de los hechos concretos que pudieran acreditarse, podría ser necesario examinar aquellas actuaciones desde la perspectiva de los derechos fundamentales, incluida la prohibición de los tratos inhumanos o degradantes reconocida por el derecho internacional de los derechos humanos.

La palabra esencial, nuevamente, es "si". Si se demuestra.

La misma cautela debemos aplicar a las denuncias de agresiones físicas sufridas por algunos guardias civiles. Que una persona denunciara haber sido golpeada no significa que la agresión esté probada. Pero si existen denuncias contemporáneas, partes médicos, actuaciones judiciales, testimonios coincidentes y expedientes administrativos, la obligación de una sociedad democrática no debería ser mirar hacia otro lado. Debería ser comprobarlo. Porque una investigación histórica rigurosa no puede convertir una denuncia en una sentencia. Pero tampoco puede convertir el silencio en una absolución.

También está, entre otros, el caso de Joaquín Parra Cerezo, cuya expulsión en 1990 fue presentada por la prensa como la primera separación de un guardia civil del Instituto Armado relacionada con actividades sindicales. El asunto llegó al Tribunal Supremo y la propia resolución contó con un voto particular contrario a la expulsión.

¿Casos aislados o un patrón?

La investigación histórica no puede empezar por la conclusión.

No deberíamos afirmar que existió una política sistemática de persecución del sindicalismo en la Guardia Civil sin haberlo demostrado. Pero tampoco deberíamos asumir que todo fueron episodios independientes simplemente porque nadie haya realizado hasta ahora una investigación global.

La pregunta adecuada es otra:

¿Existe un patrón?

Para responderla habría que reunir los expedientes judiciales y disciplinarios; estudiar las actuaciones de los servicios de información; recuperar la documentación de los hospitales militares; examinar los expedientes médicos (con las garantías de privacidad correspondientes); contrastar las denuncias de los afectados con los testimonios de quienes ordenaron o ejecutaron las actuaciones; y seguir cada procedimiento hasta su resolución definitiva.

Habría que saber cuántos guardias fueron detenidos, encarcelados, sancionados, expulsados o internados en establecimientos psiquiátricos en circunstancias relacionadas con su actividad sindical.

Y habría que saber algo todavía más importante: por qué.

Porque quizá encontremos que fueron actuaciones individuales y perfectamente justificadas conforme al ordenamiento jurídico de la época. Quizá encontremos abusos concretos. Quizá descubramos decisiones desproporcionadas. O quizá aparezca algo más inquietante: una práctica recurrente, una tolerancia institucional o incluso una estrategia destinada a neutralizar a quienes cuestionaban el carácter militar de la Guardia Civil y reclamaban derechos sindicales.

Hoy no podemos afirmar cuál de esas posibilidades es cierta.

Pero sí podemos afirmar que hay suficientes hechos documentados y suficientes preguntas sin respuesta como para investigarlo.

Una Comisión para esclarecer la verdad

¿Sería descabellado crear una Comisión para el Esclarecimiento de la Represión del Sindicalismo en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad durante la Transición y los primeros años de consolidación democrática?

No tendría que parecerse necesariamente a una comisión judicial ni partir de culpabilidades previamente establecidas.

Su misión debería ser mucho más sencilla: establecer los hechos.

Determinar quiénes fueron las personas afectadas. Qué les ocurrió. Qué actuaciones administrativas, policiales, militares o judiciales se produjeron. Qué responsabilidades institucionales pudieron existir. Qué daños fueron ocasionados. Y si detrás de casos aparentemente aislados existió algún patrón común.

Sudáfrica ofrece aquí una referencia metodológica, no una comparación histórica.

La Comisión para la Verdad y Reconciliación investigó las violaciones graves de derechos humanos cometidas durante el apartheid, identificó víctimas, examinó sus causas y trató de establecer la naturaleza y extensión de aquellas violaciones. 

España no fue Sudáfrica. La Transición española no fue el apartheid y cualquier equiparación entre ambos procesos sería históricamente disparatada.

Pero existe una enseñanza perfectamente válida: una democracia puede decidir que determinadas páginas de su pasado merecen ser investigadas en lugar de ser enterradas bajo el silencio.

Y quizá eso sea lo que falta aquí. Una comisión para saber qué ley se aplicó, cómo se aplicó y qué ocurrió realmente. Porque los derechos humanos no deberían depender de quién sea la víctima. Y una democracia tampoco debería tener miedo de examinar la conducta de sus propias instituciones.

Hay además una cuestión que merece especial atención: si se confirmara que determinados guardias fueron agredidos, encarcelados, sancionados o sometidos a tratamientos psiquiátricos por su actividad sindical, habría que preguntarse si esas actuaciones vulneraron las garantías fundamentales reconocidas ya entonces por la Constitución y por los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Pero eso sólo puede determinarse caso por caso, documento por documento. No con consignas. No con memoria selectiva. No con propaganda. Con investigación.

Miguel de Unamuno dejó una frase que encaja demasiado bien en esta historia: "A veces, el silencio es la mejor mentira."

Quizá el problema no sea que no conozcamos la verdad. Quizá el problema sea que nunca hemos hecho la investigación necesaria para descubrirla.

Y si después de investigar resulta que no existió una política sistemática de persecución, habremos ganado algo importante: conocimiento y rigor.

Pero si aparecen patrones, responsabilidades o vulneraciones de derechos que hasta ahora permanecían ocultos o silenciados, entonces habrá llegado el momento de reconocerlos.

Porque la democracia no consiste únicamente en recordar aquello de lo que puede sentirse orgullosa.

También consiste en tener el valor de preguntar: ¿Qué hicimos mal, a quién perjudicamos y por qué durante tantos años nadie quiso (o pudo) contarlo?

La verdad no necesita que la fabriquemos. Necesita que la investiguemos.