El trampantojo de la Guardia Civil: cambiar para que nada cambie. Por JM Prades

Hay imágenes que explican mejor una época que varias páginas de análisis. Esta viñeta, publicada en 1990 a propósito del caso del cabo Rosa, es una de ellas.

Hay una frase de El Gatopardo, de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, que se ha convertido en la definición clásica del gatopardismo: "Cambiar todo para que nada cambie".

Quizá sea una buena manera de mirar, medio siglo después, la historia de la Guardia Civil.

Pero con una precisión imprescindible: aquí no hablamos de si la Guardia Civil ha evolucionado. Evidentemente lo ha hecho. Han cambiado sus vehículos, sus medios, su tecnología, su formación, sus procedimientos y buena parte de su organización. Eso es evolución.

La cuestión es otra: ¿qué ha cambiado realmente en la posición del guardia civil dentro de la institución?

Porque las reivindicaciones que aparecieron durante la Transición no pedían simplemente mejores vehículos, mejores equipos o mejores instalaciones. Pedían algo bastante más incómodo: desmilitarización y sindicación. Y ahí comienza la historia del trampantojo.

El gran cambio que no cambió lo fundamental

La democracia llegó, pero la Guardia Civil conservó su naturaleza militar.

Después llegaron reformas jurídicas. Se reconocieron derechos. Se permitió el asociacionismo profesional. Se creó el Consejo de la Guardia Civil y los guardias pudieron elegir representantes.

Todo ello son cambios reales. Pero hay una pregunta que rara vez se formula:

¿Cuánto de aquello que reclamaban los primeros movimientos democráticos de guardias civiles llegó realmente a conseguirse?

Porque asociación profesional no es sindicato.

Representación no es negociación colectiva.

Participación no es capacidad de decisión.

Y sentarse en una mesa no significa necesariamente tener poder para cambiar lo que se decide en ella.

La operación fue extraordinariamente inteligente.

No era necesario mantener eternamente prohibida cualquier forma de organización colectiva. Bastaba con crear una forma de organización compatible con la estructura que se quería conservar.

Así nació un modelo en el que los guardias podían asociarse, expresarse y participar institucionalmente, pero dentro de los límites derivados de su condición militar.

La reivindicación dejó de ser clandestina, pero también dejó de ser peligrosa para la estructura.

Ese es el verdadero trampantojo.

El mantra de que «las asociaciones han conseguido mucho»

Aquí conviene detenerse.

Existe un relato que se ha repetido hasta convertirse casi en un axioma: las asociaciones profesionales han conseguido muchísimo para los guardias civiles.

Puede ser. Pero la historia no debería escribirse mediante mantras.

Hace años, a propósito de otro asunto, un periodista quiso comprobar una afirmación que se repetía insistentemente: "Fabra ha hecho mucho por Castellón". Se dedicó a preguntar a ciudadanos qué había hecho exactamente. El resultado fue revelador. El mantra existía.

La memoria concreta de los supuestos logros, bastante menos.

Con las asociaciones profesionales convendría hacer algo parecido. No preguntar cuánto han hecho.

Preguntar:

¿Qué consiguieron exactamente? ¿Cuándo? ¿Mediante qué instrumento? ¿Fue consecuencia de una negociación, de una movilización, de una decisión política o de una sentencia judicial?

Porque una cosa es atribuirse un resultado y otra demostrar causalmente que se ha conseguido.

Y cuando se formula esa pregunta, el relato empieza a resultar bastante menos épico.

El juzgado antes que la mesa de negociación

Una parte muy significativa de los avances efectivos en derechos profesionales de los guardias civiles no se ha producido porque las asociaciones dispusieran de una auténtica capacidad de presión sindical.

Se ha producido en los tribunales. Es una diferencia fundamental.

Cuando una asociación recurre una norma, una sanción, una jornada, una interpretación administrativa o una vulneración de derechos y finalmente obtiene una sentencia favorable, el resultado puede ser perfectamente real y beneficioso para miles de guardias.

Pero el mecanismo no ha sido el de un sindicato capaz de negociar y presionar hasta conseguir un acuerdo. Ha sido el del litigio.

En otras palabras: allí donde la asociación no podía imponer su fuerza en la mesa, podía intentar hacer valer el Derecho ante un juez.

Y esto explica buena parte de la evolución de los derechos profesionales en la Guardia Civil.

No significa que las asociaciones no hayan sido importantes en esos litigios. Lo han sido.

Significa algo diferente: su herramienta más eficaz ha sido, en buena medida, jurídica antes que sindical.

Y eso dice mucho sobre el modelo.

El Consejo: participación sin contrapoder

La creación del Consejo de la Guardia Civil fue presentada como una conquista de participación.

Y lo es, si la comparamos con el pasado. Pero aquí vuelve a aparecer la pregunta incómoda.

¿Qué capacidad tiene un órgano de representación cuando quienes se sientan en él carecen de las herramientas de presión que caracterizan a la negociación sindical?

El Consejo permite hablar. Permite plantear. Permite discutir. Permite votar en determinadas materias.

Pero no convierte a las asociaciones en sindicatos ni al Consejo en un parlamento laboral. Y ahí reside una de las claves del sistema: el Estado no eliminó la reivindicación; creó un lugar donde pudiera expresarse sin alterar necesariamente la estructura de poder. La protesta entró en la institución. La institución no dejó de ser militar.

El resultado paradójico

Así se construyó una evolución que, vista superficialmente, parece una línea continua de democratización:

clandestinidad → asociación → representación → Consejo.

Pero si seguimos otra línea, la imagen cambia:

desmilitarización → pendiente.

sindicación → pendiente.

huelga → pendiente.

naturaleza militar → permanece.

No es que no haya habido cambios.

Es que los cambios no han alcanzado aquello que constituía el núcleo de las reivindicaciones originales.

Y esa diferencia importa.

Porque resulta muy fácil confundir una institución más moderna con una institución más democrática.

No son necesariamente lo mismo.

Una Guardia Civil equipada con tecnología del siglo XXI puede seguir sometida a unas reglas de representación colectiva concebidas desde una lógica diferente de la de otros cuerpos policiales.

La modernización tecnológica no democratiza por sí misma una estructura.

El verdadero éxito del gatopardismo

Quizá aquí esté la clave de todo. El gatopardismo no consiste en impedir el cambio. Eso sería demasiado sencillo.

Consiste en permitir el cambio suficiente para que no resulte necesario cambiar lo esencial.

La Guardia Civil necesitaba adaptarse al Estado democrático. Y se adaptó. Necesitaba reconocer determinados derechos. Y los reconoció. Necesitaba canales de participación. Y los creó.

Pero podía hacer todo eso sin abandonar su naturaleza militar ni reconocer el derecho de sindicación.

El resultado fue una institución muy diferente de la Guardia Civil de la Transición en sus medios, en su organización y en muchos de sus derechos, pero que conservó el elemento jurídico que condicionaba precisamente el alcance de sus derechos colectivos.

Cambió el escenario. No cambió el guion fundamental.

Y quizá por eso el concepto de trampantojo resulte incluso más apropiado que el de simple inmovilismo. Porque desde lejos parece una pared derribada. Cuando uno se acerca, descubre que era una pintura.

La pregunta que queda

No se trata de negar los cambios jurídicos e institucionales que realmente se produjeron. Sería absurdo.

Se reconoció el asociacionismo profesional. Se creó representación. Se abrieron cauces institucionales.

Los tribunales fueron conquistando espacios de protección jurídica que antes eran mucho más estrechos.

Todo eso debe reconocerse.

Pero también debe preguntarse quién produjo esos cambios y mediante qué mecanismos.

Porque si buena parte de los resultados tangibles llega después de recursos judiciales y sentencias, mientras las reivindicaciones estructurales siguen fuera del marco permitido, quizá el mérito asociativo deba medirse de otra manera.

No por el número de años que una organización lleva existiendo. No por el número de afiliados. No por el número de reuniones celebradas. No por cuántas veces se afirma que se ha conseguido mucho.

Sino por algo bastante más sencillo: qué derechos se reclamaron, cuáles se consiguieron, cómo se consiguieron y cuáles continúan pendientes.

Esa debería ser la auditoría histórica del asociacionismo profesional.

Porque al final puede que el mayor éxito del gatopardismo no haya consistido en impedir que los guardias civiles se organizaran.

Ha consistido en permitir que se organizaran sin necesidad de cambiar aquello que hacía que quisieran organizarse.

Y ahí aparece la paradoja de medio siglo de historia. Las asociaciones consiguieron entrar en la institución. Los guardias consiguieron sentarse en la mesa. Los tribunales consiguieron abrir algunas puertas. Pero la puerta principal sigue teniendo el mismo nombre: naturaleza militar.

Y mientras las reivindicaciones fundacionales de desmilitarización y sindicación continúen sin respuesta, habrá que preguntarse si estamos ante una transformación inconclusa...

o ante uno de los ejemplos más acabados de gatopardismo institucional de la democracia española.