Agosto de 1986: cuando el SUGC dejó de ser un rumor y puso al Estado democrático ante el espejo. Por JM Prades

Foto de Mariano Ruesga para Diario 16

 

Cuatro documentos de prensa, conservados durante décadas, permiten reconstruir con una precisión poco habitual qué reclamaba realmente el Sindicato Unificado de la Guardia Civil, qué sabía el Gobierno y hasta dónde llegaba la alianza con el sindicalismo policial

Hay documentos que adquieren valor con el tiempo. No porque cambie lo que dicen, sino porque cambia nuestra capacidad para comprender lo que significaron cuando fueron publicados.

Los cuatro documentos que tenemos delante -una información de La Vanguardia, otra de El País y las dos páginas de Diario 16 del 12 de agosto de 1986- pertenecen a una de esas categorías. Son recortes de prensa, sí. Pero no son simples recortes. Juntos forman una pequeña secuencia documental que permite observar, casi día a día, uno de los conflictos menos conocidos de la consolidación democrática española: el enfrentamiento entre el modelo militar de Guardia Civil que acababa de ser jurídicamente consolidado y quienes, desde dentro del propio Cuerpo, pretendían transformarlo en una policía plenamente democrática y desmilitarizada.

Y hay algo todavía más importante: estos documentos son contemporáneos a los hechos. No fueron escritos décadas después por quienes pretendían reivindicar una memoria determinada. No son una reconstrucción retrospectiva. Son los protagonistas hablando en agosto de 1986 y la prensa recogiendo lo que estaban diciendo.

Eso obliga a leerlos con especial atención.

Una fecha que lo cambia todo: marzo de 1986

Para comprender lo que ocurre en agosto hay que retroceder unos meses.

El 13 de marzo de 1986 se aprobó la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La norma consolidó jurídicamente el carácter militar de la Guardia Civil y estableció un régimen específico que excluía a sus miembros del derecho de sindicación. No era una cuestión menor ni meramente administrativa: era el marco legal dentro del cual iba a desarrollarse el conflicto.

Y apenas dos meses después, el 21 de mayo de 1986, el SUGC celebraba su primer congreso clandestino.

La prensa ya recogía en junio la existencia del sindicato. El País, por ejemplo, publicó el 13 de junio que el SUGC había denunciado las condiciones de trabajo de guardias civiles destinados en la prisión de Carabanchel y recordaba que el sindicalismo estaba expresamente prohibido por la nueva Ley Orgánica. La misma información señalaba que en mayo el SUGC había firmado un acuerdo de cooperación con el Sindicato Unificado de Policía, el SUP.

Es decir, cuando llegamos al verano de 1986, el SUGC ya no era desconocido para el Gobierno ni para la opinión pública.

Lo que sucede en agosto es que decide dar un paso más.

Y ese paso consiste en explicar públicamente qué quiere.

7 de agosto: desmilitarizar no era una reivindicación secundaria

El primer documento que debemos colocar en el centro de esta historia es la información publicada el 7 de agosto de 1986, que lleva por título:

"El sindicato clandestino de la Guardia Civil pide la desmilitarización del cuerpo".

La importancia de este documento reside en algo muy sencillo: permite conocer las reivindicaciones del SUGC antes de que Felipe González reaccionara públicamente a ellas.

El sindicato había remitido una carta abierta al ministro del Interior, José Barrionuevo. Y la formulación era inequívoca:

la desmilitarización constituía su objetivo primordial.

No estamos ante una organización que se limite a reclamar mejoras salariales, horarios, dietas o condiciones laborales. Esas cuestiones aparecen, pero dentro de un programa mucho más ambicioso.

El SUGC defendía que la Guardia Civil debía ser considerada fundamentalmente como un cuerpo policial; reclamaba su dependencia exclusiva del Ministerio del Interior; proponía un director general civil; cuestionaba la formación predominantemente castrense; reclamaba libertad sindical y un código deontológico y, de manera particularmente significativa, pedía la creación de una comisión para investigar posibles delitos de corrupción dentro del Cuerpo.

La lógica era clara:

democratizar la institución exigía modificar su estructura.

El sindicato incluso formulaba una crítica histórica al modelo policial heredado de la dictadura: una sociedad democrática necesitaba, decía, una policía desmilitarizada.

No era una reivindicación laboral revestida de retórica política. Era un proyecto de reforma institucional.

12 de agosto: el SUGC se muestra y deja de ser únicamente una organización clandestina

Cinco días después se produce el salto cualitativo.

Las dos páginas de Diario 16 que conservamos están fechadas el 12 de agosto de 1986. Y constituyen probablemente el documento más importante de los cuatro.

La imagen ocupa buena parte de la página: cuatro guardias civiles uniformados, encapuchados, sentados delante de una mesa.

Detrás de ellos aparece escrito:

S — DESMILITARIZAR
U — DEMOCRATIZAR
G — LEGALIZAR SUGC
C — DIRECTOR GENERAL CIVIL

Es difícil imaginar una síntesis más precisa de lo que aquel movimiento estaba intentando conseguir.

La fotografía lleva la firma de Mariano Ruesga, y el texto está firmado por el periodista Alfonso Domingo.

Y hay una frase bajo la fotografía que merece ser conservada:

"Que nos legalicen, se querellen y aportaremos pruebas".

El mensaje era inequívoco.

El SUGC estaba dispuesto a que el Estado judicializara sus acusaciones si ello significaba poder presentar la documentación que afirmaba poseer.

Aquí debemos ser rigurosos: que el SUGC afirmara disponer de pruebas no demuestra por sí mismo que esas pruebas existieran ni que acreditaran aquello que denunciaban. Pero sí demuestra algo que nadie puede discutir: el sindicato estaba dispuesto a poner públicamente esa afirmación sobre la mesa en agosto de 1986.

Y eso, en sí mismo, es históricamente relevante.

Cassinello, los GAL y una acusación que conviene no confundir con una prueba

El titular de Diario 16 era explosivo:

"El sindicato de la Guardia Civil vincula a Casinello con el GAL".

El secretario general del SUGC afirmaba que sospechaban que el general Andrés Cassinello había tenido mucho que ver con la creación de los GAL.

La acusación era de una enorme gravedad.

Pero precisamente por eso debemos diferenciar tres cosas.

Primero: el SUGC formuló esa acusación públicamente en agosto de 1986.

Segundo: afirmó disponer de documentación y pruebas que estaba dispuesto a aportar si se le legalizaba o se querellaban contra él.

Tercero: la existencia, contenido y valor probatorio de aquella documentación es una cuestión diferente que debe investigarse por separado.

No debemos cometer el error de convertir una acusación periodística de 1986 en una sentencia histórica retrospectiva.

Pero tampoco debemos cometer el error contrario: borrar de la historia que aquella acusación existió y que fue formulada desde dentro de la Guardia Civil mucho antes de que el asunto de los GAL adquiriera la dimensión judicial y política que tendría años después.

Y aquí aparece una pista que considero especialmente importante.

El propio Felipe González, al responder al asunto al día siguiente, no podía decir que desconociera las acusaciones: El País del 13 de agosto recoge que sus declaraciones en Palma de Mallorca fueron precisamente una reacción a las imputaciones del SUGC sobre la supuesta vinculación de Cassinello con los GAL.

 Por tanto, existe una conexión documental directa:

SUGC ==> acusación pública ==> reacción de Felipe González.

La respuesta de González: negar la existencia no era ya posible

Aquí entra el cuarto elemento de nuestra secuencia.

La información de La Vanguardia que conservamos lleva como gran titular:

"El presidente González asegura que no existe ningún sindicato clandestino en la Guardia Civil".

El contenido es todavía más interesante que el titular.

Felipe González manifestó que no creía que existiera un sindicato ilegal en la Guardia Civil. Añadió que, si existía y estaba cometiendo delitos, tendría que ser investigado y sometido a los procedimientos judiciales correspondientes.

Pero hay una frase especialmente reveladora:

estaba "convencido de la inexistencia de ese sindicato clandestino".

La formulación es importante porque el Gobierno no estaba reaccionando ante un rumor abstracto. Estaba reaccionando ante una organización que acababa de comparecer públicamente, que había enviado una carta al ministro del Interior, que había celebrado un congreso clandestino y que acababa de aparecer fotografiada en Diario 16.

De hecho, El País del 13 de agosto reproduce la declaración de González y añade las reivindicaciones que el SUGC había planteado a Interior y Defensa: desmilitarización, dependencia de Interior, supresión del Estado Mayor, derecho de sindicación, supresión de determinados servicios de información y abandono progresivo de mandos militares considerados antidemocráticos.

La contradicción documental resulta evidente:

el Gobierno discutía públicamente la existencia de la organización mientras la organización se estaba presentando públicamente ante los medios de comunicación.

Eso no significa que González literalmente desconociera cualquier existencia del movimiento. La propia documentación anterior demuestra lo contrario. Significa que la respuesta política del presidente fue negar la condición de sindicato clandestino existente y trasladar el problema al terreno de la ilegalidad y la actuación judicial.

Pero hay una pieza todavía más importante: el SUP

Las dos páginas de Diario 16 contienen una información que quizá sea incluso más trascendente que el titular sobre Cassinello.

El artículo documenta una reunión entre el comité ejecutivo nacional del SUGC y el comité ejecutivo nacional del Sindicato Unificado de Policía (SUP).

Y no fue una reunión simbólica.

Según el periódico, ambas organizaciones acordaron solicitar al Gobierno:

• la legalización del SUGC;
• el rechazo al posible nombramiento de Andrés Cassinello como director general de la Guardia Civil;
• su sustitución por un director general civil de reconocido talante democrático;
• y una investigación sobre los mandos de la Guardia Civil que, según denunciaban, propugnaban el enfrentamiento entre ambos cuerpos.

Esto demuestra documentalmente que la relación entre SUP y SUGC no era una simple coincidencia ideológica.

Ya en junio El País había informado de un acuerdo de cooperación entre ambos sindicatos.

Ahora, en agosto, tenemos algo más concreto:

había coordinación entre sus respectivas direcciones nacionales.

Y esto tiene una enorme importancia para comprender la Transición policial.

Porque en 1986 ya existía una organización policial civil y legal -el SUP- que había atravesado su propia lucha sindical, y una organización clandestina dentro de la Guardia Civil que intentaba reproducir una transformación semejante.

Dos cuerpos.
Dos historias sindicales.
Dos situaciones jurídicas distintas.

Pero una reivindicación convergente:

la democratización de las estructuras policiales.

No querían simplemente mejores condiciones: querían cambiar el modelo

Quizá ésta sea la principal conclusión que podemos extraer de los cuatro documentos.

Cuando hoy se habla del sindicalismo histórico de la Guardia Civil existe una tendencia a reducir sus primeras reivindicaciones a cuestiones laborales: salarios, horarios, dietas, vivienda, vacaciones o condiciones de servicio.

Los documentos que tenemos delante obligan a matizar radicalmente esa interpretación.

Las cuestiones laborales estaban presentes. El primer recorte, de hecho, contiene denuncias sobre dietas, irregularidades económicas, horarios y otros problemas concretos.

Pero esas reclamaciones aparecen dentro de un proyecto mucho mayor.

El SUGC quería:

desmilitarizar, democratizar, legalizar, civilizar la dirección del Cuerpo y transformar su modelo de formación y funcionamiento.

Y reclamaba además libertad sindical.

Por tanto, reducir aquella primera experiencia a un conflicto corporativo sería históricamente incorrecto.

Era, fundamentalmente, un conflicto sobre la naturaleza misma de la institución.

La cuestión de fondo: ¿qué significaba democratizar la Guardia Civil?

Aquí es donde estos documentos adquieren una dimensión que trasciende al propio SUGC.

La Ley Orgánica 2/1986 había establecido un modelo en el que la Guardia Civil conservaba su naturaleza militar y sus miembros quedaban excluidos del derecho de sindicación.

El SUGC respondió desde dentro:

si la Guardia Civil desempeña funciones policiales en una sociedad democrática, ¿hasta qué punto resulta compatible esa función con una estructura militar, una formación castrense, un régimen disciplinario militar y la prohibición de sindicalización?

Ésa era la pregunta.

Y no era una pregunta menor.

De hecho, décadas después el propio debate parlamentario seguiría reconociendo que la naturaleza militar de la Guardia Civil constituye precisamente el elemento jurídico que condiciona el acceso de sus miembros al derecho de sindicación. En 2016, en el Congreso, se explicitaba que para acceder a la libertad sindical resultaría necesario desprenderse del carácter militar del Cuerpo.

Es decir:

la cuestión que planteaba el SUGC en 1986 no desapareció.

Cambió de forma, cambió de protagonistas y cambió el contexto jurídico. Pero permaneció.

La importancia del sello

Hay, además, un pequeño detalle material que no deberíamos despreciar.

Los recortes que estamos manejando aparecen estampados con un sello que reproduce:

SINDICATO UNIFICADO POLICIA — SUP.

La existencia histórica de esa denominación y de su identidad gráfica está documentada en el registro de una marca solicitada en 1984. Esto refuerza la hipótesis de que los recortes formaban parte de documentación conservada o clasificada desde el ámbito del sindicalismo policial.

No podemos afirmar todavía quién estampó físicamente cada documento ni reconstruir todo su itinerario archivístico. Pero el dato tiene valor.

Porque resulta especialmente significativo que entre los documentos conservados figure precisamente el artículo que documenta la reunión entre el SUP y el SUGC.

Es decir, la propia materialidad del expediente parece apuntar hacia una relación que el contenido de los documentos ya demuestra.

La pregunta que queda abierta

Y quizá ésta sea la conclusión más importante de los cuatro documentos.

Hasta ahora, muchas veces se ha contado la historia desde el final:

hubo guardias civiles que fueron expedientados, detenidos, expulsados o encarcelados por su relación con organizaciones clandestinas.

Pero estos documentos nos obligan a empezar por el principio.

Antes de las detenciones.

Antes de los expedientes.

Antes de los procesos.

Antes incluso de que el conflicto adquiriera toda su dimensión judicial.

Hubo unos guardias civiles que, encapuchados ante una cámara de Diario 16, dijeron públicamente qué querían.

No pidieron únicamente dinero.

No pidieron únicamente mejores horarios.

No pidieron privilegios.

Dijeron:

DESMILITARIZAR.
DEMOCRATIZAR.
LEGALIZAR.
DIRECTOR GENERAL CIVIL.

Y dijeron al Gobierno que, si quería llevarlos ante los tribunales, estaban dispuestos a presentar la documentación que afirmaban tener.

Felipe González respondió al día siguiente.

La cuestión dejó de ser una conversación clandestina entre guardias civiles.

Se había convertido en un problema político para el Estado democrático.

Y aquí es donde comienza, realmente, nuestra investigación.

Porque la pregunta histórica ya no es simplemente por qué nació el SUGC.

La documentación que tenemos permite formular otra, mucho más incómoda:

¿Qué hizo exactamente el Estado democrático cuando un grupo de guardias civiles le dijo, desde dentro de la institución, que para democratizar plenamente la Guardia Civil había que desmilitarizarla, reconocer su derecho de asociación y modificar una estructura de mando que consideraban incompatible con el nuevo tiempo democrático?

Y hay una segunda pregunta, todavía más delicada:

¿Qué ocurrió con la documentación y las supuestas pruebas que aquellos guardias civiles aseguraban poseer sobre determinados mandos y los GAL?

Los cuatro documentos no responden todavía a esas preguntas.

Pero tienen el enorme mérito de situarlas correctamente.

No estamos empezando por la memoria. Estamos empezando por los documentos.

Y los documentos dicen que, en agosto de 1986, la desmilitarización de la Guardia Civil no era una reivindicación retrospectiva: era ya el primer objetivo declarado de quienes, desde dentro del Cuerpo, intentaban convertir la democratización política de España en una democratización también de sus instituciones de seguridad.

Lo curioso es que, con el paso de los años, aquella palabra parece haber sufrido un extraño fenómeno de desaparición: nadie sabe muy bien cuándo ocurrió, pero en algún momento se evaporó del programa.

La historia de aquellos días sigue teniendo preguntas que, cuarenta años después, todavía esperan una respuesta.

Los documentos de agosto de 1986 permiten saber, al menos, qué se estaba pidiendo cuando todavía casi nadie quería escuchar.