¿Puede un homenaje llegar a tiempo? Por JM Prades

Hace unos días, conversando con uno de aquellos guardias civiles que protagonizaron la lucha por los derechos profesionales durante la Transición, surgió una reflexión que merece ser compartida. Ante la propuesta de participar en una jornada con motivo del cincuentenario de la movilización de 1976, su respuesta fue tan sincera como contundente: "Llega demasiado tarde".

No era una crítica a la idea de recordar la historia. Al contrario. Quienes vivieron aquellos años saben mejor que nadie la importancia de preservar la memoria. Su desconfianza iba dirigida a otra cuestión: el temor de que el paso del tiempo termine convirtiendo la memoria en un relato acomodado, donde algunos aparezcan como protagonistas de una historia en la que, en realidad, estuvieron ausentes.

Esa reflexión invita a pensar.

Es cierto que muchos de quienes asumieron riesgos personales, soportaron expedientes, consejos de guerra, expulsiones o incomprensión ya no están entre nosotros. También es cierto que durante décadas su historia apenas ocupó espacio en el debate público. Por eso resulta comprensible que algunos contemplen con escepticismo cualquier reconocimiento institucional que llegue medio siglo después.

Sin embargo, también cabe hacerse otra pregunta: ¿es preferible que no exista ningún reconocimiento?

La historia no puede cambiarse. El sufrimiento padecido tampoco puede repararse plenamente. Pero sí puede evitarse que el silencio termine imponiéndose sobre los hechos. La memoria democrática no consiste únicamente en rendir homenaje a quienes lucharon por las libertades; consiste, sobre todo, en garantizar que las generaciones futuras conozcan lo ocurrido con rigor, honestidad y sin manipulaciones.

Ese es, probablemente, el verdadero reto.

Una jornada de estas características solo tendrá sentido si coloca en el centro a quienes hicieron posible esa historia. Las instituciones deben acompañar; los historiadores aportar contexto; los juristas explicar la evolución del derecho; los representantes sociales mostrar su compromiso. Pero el protagonismo moral debe corresponder a quienes asumieron las consecuencias de defender unos derechos que entonces parecían inalcanzables.

Toda iniciativa que pretenda preservar la memoria democrática merece ser bienvenida. Pero cuanto mayor sea su dimensión institucional, política y reivindicativa, mayor será también la responsabilidad de garantizar que el relato histórico permanezca fiel a los hechos y que el protagonismo corresponda a quienes los vivieron.

No se trata de repartir medallas tardías ni de construir relatos complacientes. Tampoco de permitir que nadie se apropie de una lucha que no protagonizó. Se trata de reconocer una realidad histórica que forma parte del proceso de democratización de España y de la evolución de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

La reivindicación de nuevos derechos y el reconocimiento de quienes abrieron ese camino son objetivos compatibles, siempre que ninguno eclipse al otro.

Cuando un acto reúne memoria, reivindicación e iniciativa política, existe el riesgo de que unas dimensiones terminen desplazando a las otras. Precisamente por ello resulta esencial preservar la independencia del relato histórico y garantizar que la memoria de los protagonistas no quede subordinada a los debates del presente.

Precisamente por ello, el cincuentenario de 1976 constituye una oportunidad excepcional. No para cerrar debates que siguen abiertos, ni para sustituir las legítimas reivindicaciones judiciales o personales de quienes aún buscan justicia. Memoria y justicia no son conceptos incompatibles. La primera preserva los hechos; la segunda depura responsabilidades. Ambas cumplen funciones diferentes y ambas son necesarias en una democracia madura.

Quizá nunca exista unanimidad sobre cómo debe organizarse un acto de estas características. Es lógico. Las heridas no cicatrizan al mismo ritmo para todos. Habrá quienes consideren que cualquier homenaje llega tarde y quienes crean que nunca es demasiado tarde para reconocer la verdad. Ambas posiciones merecen respeto.

Pero hay una idea sobre la que debería ser posible alcanzar un consenso: la historia no pertenece a las instituciones ni a quienes hoy ocupan responsabilidades públicas. Pertenece, ante todo, a quienes la vivieron y, muy especialmente, a quienes asumieron riesgos personales en defensa de unos principios.

Si alguna enseñanza puede extraerse de aquella conversación es precisamente esa: la dignidad del colectivo no depende de un acto conmemorativo. Depende de que la verdad de lo sucedido permanezca intacta, sin adornos, sin silencios interesados y sin apropiaciones indebidas.

Si una futura jornada logra responder a ese compromiso, habrá cumplido su objetivo. Si, por el contrario, se limita a una sucesión de discursos, fotografías y reconocimientos protocolarios, correrá el riesgo de confirmar el escepticismo de quienes piensan que la historia vuelve a escribirse desde los despachos y no desde la experiencia de sus protagonistas.

La memoria debe ser el fundamento; la reivindicación, una consecuencia, nunca el motivo principal.

Porque, al final, los aniversarios y los homenajes pasan. La historia permanece.

El verdadero propósito de esta conmemoración no debería ser reforzar los debates del presente, sino preservar con rigor la verdad del pasado. Solo desde esa fidelidad a la historia podrá proyectarse un legado útil para el futuro.

Las reivindicaciones cambian con el tiempo. La verdad histórica, no.