La declaración olvidada de Jueces para la Democracia en defensa de la sindicación de la Guardia Civil (1990). Una investigación abierta. Por JM Prades
Los archivos no sólo conservan documentos; también conservan silencios.
En junio de 1990, cuando hablar de derechos fundamentales para los guardias civiles seguía siendo motivo de expedientes disciplinarios, consejos de guerra e incluso prisión, una asociación judicial dio un paso que hoy apenas recuerda nadie.
El V Congreso de Jueces para la Democracia, celebrado en Cáceres entre el 28 y el 30 de junio de 1990, aprobó una declaración institucional titulada "En favor del derecho a la libre sindicación de la Guardia Civil".
Treinta y cinco años después, aquella resolución prácticamente ha desaparecido de la memoria colectiva.
Un hallazgo casual
La investigación comenzó a partir de una simple fotocopia de una página numerada en romano: XV.
En ella podía leerse un texto que defendía expresamente:
- el reconocimiento del derecho de sindicación de la Guardia Civil;
- la promulgación de un Estatuto legal;
- la paralización de procedimientos disciplinarios;
- la puesta en libertad de los guardias civiles encarcelados por reivindicar ese derecho.
La página carecía de fecha y de cualquier referencia editorial.
Tras revisar publicaciones históricas de Jueces para la Democracia fue posible identificar su procedencia.
No era un folleto.
No era un comunicado aislado.
Era una de las declaraciones oficiales incorporadas a los Materiales del V Congreso de Jueces para la Democracia, publicados posteriormente en el número 10 de la revista Jueces para la Democracia. Información y Debate (septiembre de 1990).
El contexto
La declaración no apareció en un momento cualquiera.
Durante 1989 y 1990 el movimiento reivindicativo clandestino dentro de la Guardia Civil vivía probablemente su momento más difícil.
Los dirigentes del Sindicato Unificado de Guardias Civiles (SUGC) y de la Unión Democrática de la Guardia Civil (UDGC) sufrían:
- expedientes disciplinarios;
- detenciones;
- procesos ante la jurisdicción militar;
- penas privativas de libertad.
El caso del cabo Manuel Rosa Recuerda simbolizaba aquella situación.
Mientras tanto, sindicatos como UGT y CCOO, diversos constitucionalistas y algunos sectores del mundo jurídico comenzaban a cuestionar la compatibilidad de aquella situación con la Constitución de 1978.
En ese escenario, Jueces para la Democracia decidió pronunciarse.
Lo que dice realmente el texto
La declaración resulta extraordinariamente contundente.
No se limita a formular una reflexión académica sobre el artículo 28 de la Constitución.
Solicita expresamente:
- reconocer el derecho de sindicación;
- aprobar un Estatuto específico para la Guardia Civil;
- suspender las sanciones disciplinarias;
- liberar a los guardias civiles encarcelados por ejercer ese derecho.
Es decir, no era únicamente una declaración doctrinal.
Era una toma de posición institucional frente a una situación política y jurídica concreta.
Una resolución preparada antes del Congreso
La investigación permite afirmar algo más.
La resolución no fue improvisada durante el debate congresual.
El 29 de junio de 1990, mientras el Congreso todavía se encontraba reunido en Cáceres, El País informaba de que los dirigentes históricos de Jueces para la Democracia iban a someter a votación un pronunciamiento favorable a la desmilitarización de la Guardia Civil.
La declaración ya estaba redactada antes del debate.
Todo indica que procedía del Secretariado saliente de la asociación.
El gran vacío documental
Y aquí comienza el verdadero misterio.
Sabemos que el Congreso aprobó la declaración.
Sabemos que fue publicada.
Sabemos cuál era su contenido.
Pero desconocemos casi todo lo demás.
No conocemos:
- quién redactó el texto;
- qué comisión lo elaboró;
- qué enmiendas recibió;
- si hubo debate;
- si fue aprobado por unanimidad;
- quién defendió la propuesta ante el Pleno.
Las actas del V Congreso no están disponibles públicamente.
¿Existen esas actas?
Todo indica que sí.
Los congresos anteriores y posteriores de Jueces para la Democracia generaron documentación muy detallada:
- actas;
- ponencias;
- enmiendas;
- resultados de votación.
No existe ninguna razón para pensar que el V Congreso fuera una excepción.
Lo más probable es que esa documentación permanezca conservada en el archivo interno de la asociación o en los fondos personales de quienes integraban entonces su dirección.
Una pieza olvidada de la Transición tardía
La declaración tiene además un enorme interés histórico.
Anticipó buena parte de las reformas que acabarían produciéndose años después:
- limitación progresiva de la jurisdicción militar;
- reconocimiento del asociacionismo profesional;
- aprobación de un estatuto específico para los miembros de la Guardia Civil.
Vista desde hoy, aquella resolución resulta sorprendentemente moderna.
Y, sin embargo, apenas ha sido citada por la historiografía.
Una invitación
Esta investigación no pretende cerrar ninguna cuestión.
Pretende abrirla.
Por ello quisiera hacer un llamamiento a quienes formaron parte de Jueces para la Democracia en aquellos años, o conservan documentación de sus primeros congresos.
Si alguien dispone de:
- las actas del V Congreso celebrado en Cáceres en junio de 1990;
- los borradores de la declaración;
- las enmiendas presentadas;
- la composición de la comisión redactora;
- fotografías o documentos internos relacionados con este acuerdo;
su difusión contribuiría a completar una página poco conocida de la historia constitucional española.
Porque la defensa de los derechos fundamentales de los guardias civiles no comenzó con las reformas del siglo XXI.
También se construyó gracias a personas e instituciones que, cuando hacerlo tenía un coste, decidieron defender públicamente una interpretación de la Constitución que entonces era minoritaria.
Quizá haya llegado el momento de recuperar también esa memoria.
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