1989: las primeras elecciones democráticas en la Guardia Civil. Por JM Prades

Un episodio olvidado de la transición democrática interna de la Guardia Civil.

Existe un episodio prácticamente olvidado que merece ocupar un lugar propio en esa evolución: las elecciones celebradas el 2 de noviembre de 1989 para elegir a los compromisarios de la Asociación Mutua Benéfica de la Guardia Civil.

A diferencia de otros acontecimientos de la época, este proceso apenas ha sido estudiado. La información se encuentra dispersa entre normativa, documentación parlamentaria y referencias posteriores, mientras que la cobertura de la prensa nacional fue muy escasa. Esa combinación de escasez documental y limitado eco mediático explica, en buena medida, que aquellas elecciones hayan permanecido prácticamente ausentes de la memoria colectiva del Cuerpo.

La Asociación Mutua Benéfica había sido creada en 1949 como una entidad de previsión social destinada a complementar la protección económica de los guardias civiles y de sus familias. Su estructura respondía al modelo administrativo propio del franquismo: órganos de gobierno designados, escasa participación de los mutualistas y una organización fuertemente jerarquizada.

A finales de los años ochenta, la adaptación de las mutualidades al nuevo marco jurídico obligó a modificar ese sistema de gobierno. Como consecuencia de ello se convocaron elecciones para elegir democráticamente a los compromisarios que debían integrar la Asamblea General de la Mutua.

Aquellas elecciones no eran sindicales ni pretendían cuestionar la estructura de mando de la Guardia Civil. Su finalidad era elegir representantes de una entidad mutualista. Sin embargo, desde una perspectiva histórica, su importancia resulta evidente: era la primera vez que decenas de miles de guardias civiles eran llamados a elegir mediante sufragio a representantes de una institución propia.

Buena parte de los datos objetivos que hoy pueden reconstruirse sobre aquel proceso han llegado hasta nosotros gracias a las iniciativas parlamentarias promovidas por el diputado de Izquierda Unida Antonio Romero Ruiz, quien entre 1990 y 1992 dirigió diversas preguntas al Gobierno sobre la Mutua, su proceso electoral, su patrimonio y su posterior liquidación. En respuesta a una de esas iniciativas, el Ejecutivo confirmó que el censo estaba integrado por 110.777 mutualistas, de los cuales 8.338 ejercieron su derecho al voto, lo que representó una participación del 7,52 %. El propio Gobierno explicó posteriormente que esa participación se produjo "a pesar de la publicidad que se dio al proceso", aunque hasta la fecha no han podido localizarse las circulares, instrucciones o documentos internos mediante los que se organizó dicha campaña informativa. El control parlamentario también construye memoria histórica.

Quien firma estas líneas participó como elector en aquellas elecciones. El paso del tiempo hace que algunos recuerdos sean necesariamente imprecisos, pero permanece la memoria de una votación celebrada en la Comandancia correspondiente, en la que podían marcarse varios candidatos. Entre algunos grupos de guardias civiles circulaba la consigna de concentrar el voto en un único candidato, con el objetivo de aumentar sus posibilidades de resultar elegido. Más allá de ese recuerdo personal, la documentación localizada todavía no permite reconstruir con detalle el desarrollo material de la jornada electoral, ni el sistema de escrutinio, ni los resultados provincia por provincia.

La baja participación merece una reflexión. La explicación oficial la atribuyó al escaso interés de los mutualistas. Sin embargo, esa interpretación puede resultar insuficiente si se tiene en cuenta el contexto de finales de los años ochenta. Cabe plantear, como hipótesis razonable, que influyeran otros factores: la limitada difusión efectiva del proceso, la dispersión geográfica de muchos puestos respecto a las comandancias donde previsiblemente se votaba, la ausencia de una cultura participativa dentro del Cuerpo y el clima de incertidumbre existente en aquellos años respecto a cualquier iniciativa que pudiera interpretarse como una manifestación de posiciones reformistas.

No existen pruebas documentales que permitan afirmar que el hecho de votar generara consecuencias disciplinarias o identificara a quienes lo hacían. Sin embargo, tampoco puede ignorarse el contexto institucional de la época. En una organización fuertemente jerarquizada, inmersa además en el conflicto provocado por el movimiento asociativo clandestino, resulta comprensible que algunos guardias civiles pudieran percibir la simple participación electoral como una decisión que no estaba exenta de riesgos personales. Esa percepción, aun cuando no pueda demostrarse documentalmente, constituye una hipótesis históricamente plausible para explicar parte de la abstención.

Tras las elecciones, la Asamblea General prevista nunca llegó a constituirse. El Gobierno explicó al Congreso que diversas incidencias en la recepción de las actas electorales impidieron culminar el proceso. La explicación oficial, sin embargo, fue extraordinariamente breve y no precisó el alcance real de esas incidencias ni las razones por las que no pudieron ser subsanadas.

Frente a esa versión administrativa, algún antiguo dirigente del SUGC sostuvo desde entonces que candidatos próximos al sindicato habían obtenido una representación muy significativa y que esa circunstancia motivó la paralización del proceso. Hasta la fecha no ha aparecido documentación pública que permita confirmar esa afirmación, pero tampoco existe documentación que la desmienta. La ausencia de las actas electorales y de la documentación interna del Consejo de Gobierno constituye hoy la principal laguna para esclarecer definitivamente este episodio.

Otro aspecto significativo fue la escasa repercusión que estas elecciones tuvieron en los medios de comunicación. Las limitaciones de acceso a las hemerotecas digitales impiden extraer conclusiones definitivas, aunque todo apunta a que el eco informativo fue muy reducido.

El desenlace llegó pocos meses después. En 1991 el Gobierno aprobó el Real Decreto 259/1991 por el que se disolvía la Asociación Mutua Benéfica de la Guardia Civil, justificando la decisión en la reorganización del sistema de previsión social y en la adaptación al nuevo marco jurídico. La norma no hacía referencia alguna al proceso electoral celebrado apenas dieciséis meses antes.

La proximidad temporal entre ambos acontecimientos plantea inevitablemente una pregunta: ¿la desaparición de la Mutua respondía exclusivamente a una decisión organizativa previamente planificada o el fracaso del proceso electoral contribuyó a acelerar una decisión ya prevista? La documentación actualmente disponible no permite responder con certeza.

Lo que sí puede afirmarse es que aquellas elecciones constituyeron un episodio singular en la evolución de la Guardia Civil. No fueron unas elecciones sindicales ni modificaron por sí solas la estructura del Cuerpo. Pero sí representaron el primer intento de elegir democráticamente a representantes de una institución propia mediante sufragio entre los guardias civiles. Que ese proceso no llegara a culminar y que la propia Mutua desapareciera poco después contribuyó decisivamente a que el episodio quedara relegado al olvido.

Más de treinta y cinco años después, la historia sigue incompleta. La localización del expediente de convocatoria, del reglamento electoral, de las actas de escrutinio, de los acuerdos del Consejo de Gobierno y de la documentación interna de la Mutua permitirá, algún día, conocer con precisión qué ocurrió realmente entre el 2 de noviembre de 1989 y la disolución de la Asociación Mutua Benéfica en 1991. Hasta entonces, estas elecciones seguirán siendo uno de los capítulos menos conocidos (y probablemente más significativos) del lento proceso de modernización institucional de la Guardia Civil.

La reconstrucción de este episodio no habría sido posible en gran medida sin las iniciativas parlamentarias impulsadas por el diputado de Izquierda Unida Antonio Romero Ruiz, cuya labor permitió que quedaran incorporados al Diario de Sesiones y al Boletín Oficial de las Cortes datos que, de otro modo, probablemente se habrían perdido.

La historia también se construye recuperando episodios que, pese a su relevancia, quedaron relegados al olvido.