Dato mata a relato: la historia pendiente del asociacionismo en la Guardia Civil. Por JM Prades

 La historia del asociacionismo en la Guardia Civil continúa siendo, cuatro décadas después, una historia inacabada. Paradójicamente, cuanto más tiempo transcurre, más difícil resulta distinguir entre los hechos acreditados y el relato construido por sus propios protagonistas. Como ocurre en muchos movimientos históricos, la memoria ha ido ocupando el espacio que debería corresponder a la documentación.

El problema no es que existan versiones distintas. El problema aparece cuando esas versiones terminan sustituyendo a los documentos.

Durante años se ha consolidado una narración casi oficial sobre el nacimiento del movimiento democrático dentro de la Guardia Civil. Un relato con héroes y villanos perfectamente identificados, episodios elevados a la categoría de mito y una cronología aparentemente cerrada. Sin embargo, basta con acudir a la prensa de la época, a los expedientes administrativos, a las resoluciones judiciales o a la documentación interna conocida para comprobar que la realidad fue bastante más compleja.

La primera cuestión que exige revisión es el propio origen del movimiento.

Para algunos comienza con la manifestación conjunta de policías y guardias civiles de diciembre de 1976. Para otros, el verdadero punto de partida se encuentra en la actividad desarrollada posteriormente por el cabo Manuel Rosa y la Unión Democrática de Guardias Civiles. Entre ambos momentos existieron episodios hoy prácticamente olvidados: escritos dirigidos a la Administración, intentos de organización profesional, contactos con sindicatos policiales, expedientes disciplinarios y una actividad reivindicativa apenas estudiada por la historiografía.

Reducir ese proceso a un único nombre supone simplificar una realidad mucho más rica.

Pero quizá el aspecto más llamativo sea otro.

Con el paso de los años parece haberse producido una auténtica disputa por la legitimidad fundacional. La pregunta ya no es únicamente qué ocurrió, sino quién tiene derecho a ser considerado el verdadero impulsor del movimiento.

Es aquí donde aparece uno de los mayores riesgos de toda investigación histórica: convertir la autobiografía en fuente principal.

Los testimonios personales constituyen un material imprescindible, pero nunca suficiente. La memoria selecciona, reconstruye y, en ocasiones, embellece los acontecimientos. No siempre por mala fe. Simplemente porque así funciona el recuerdo humano.

Por eso, cuando existen documentos contemporáneos, éstos deben prevalecer sobre cualquier reconstrucción posterior.

Dato mata a relato.

Esa máxima debería presidir cualquier aproximación rigurosa a la historia del asociacionismo en la Guardia Civil.

Si un expediente administrativo acredita una determinada forma de cese en el servicio activo, difícilmente puede sostenerse un relato incompatible con ese documento. Si una solicitud de autorización para constituir una asociación profesional fue registrada oficialmente, deja de ser una simple afirmación para convertirse en un hecho histórico verificable. Si determinados viajes, reuniones o actuaciones aparecen reflejados documentalmente, también dejan de pertenecer al terreno de la memoria.

La investigación histórica no consiste en decidir quién nos resulta más simpático, sino en determinar qué puede acreditarse.

Otro capítulo pendiente continúa siendo la denominada Operación Columna.

Su mera existencia ya apenas se discute. Lo verdaderamente importante es conocer su alcance real, quién tomó las decisiones, qué organismos participaron y cuál fue el grado de infiltración desarrollado sobre el incipiente movimiento asociativo.

Resulta llamativo que, mientras algunos protagonistas sostienen la existencia de agentes encubiertos cuya misión habría sido desactivar el sindicalismo auténtico desde dentro, otros ni siquiera admitan esa posibilidad. Sin acceso completo a los archivos resulta imposible zanjar definitivamente ese debate.

Precisamente por ello la eventual desclasificación de la documentación pendiente tendría un enorme valor histórico.

No para confirmar una versión preconcebida, sino para someter todas las versiones al mismo examen documental.

Porque, si algo demuestra el paso del tiempo, es que ningún relato merece quedar exento de contraste.

Existe además otra cuestión poco analizada: la evolución de las propias asociaciones profesionales.

Los primeros activistas asumieron riesgos personales extraordinarios. Algunos fueron objeto de expedientes, sanciones, detenciones o graves perjuicios profesionales. Aquellas organizaciones nacieron para ampliar derechos y cuestionar un modelo que consideraban incompatible con una auténtica representación profesional.

Décadas después, muchas de esas reivindicaciones estructurales han desaparecido prácticamente del debate público.

La prioridad se ha desplazado hacia cuestiones retributivas, condiciones laborales o mejoras organizativas. Son objetivos perfectamente legítimos, pero cabe preguntarse si ese cambio responde únicamente al pragmatismo o también a un cierto proceso de institucionalización.

Toda organización corre el riesgo de acomodarse cuando pasa de combatir al sistema a formar parte de él.

No es un fenómeno exclusivo de la Guardia Civil. Ocurre en sindicatos, partidos políticos, asociaciones profesionales y movimientos sociales de cualquier país.

Por eso resulta igualmente legítimo preguntarse si algunas asociaciones han terminado priorizando la interlocución institucional frente a la reivindicación de los principios que justificaron su nacimiento.

Responder a esa pregunta exige el mismo rigor que cualquier otra.

No bastan sospechas. Tampoco basta la propaganda.

Sólo los hechos.

Quizá el mayor error cometido hasta ahora haya sido convertir la historia del asociacionismo en una lucha de protagonistas.

En realidad nunca perteneció a una sola persona.

Fue el resultado del esfuerzo, las discrepancias, los aciertos y también los errores de decenas de guardias civiles que, desde posiciones muy distintas, intentaron transformar una institución profundamente condicionada por su naturaleza militar y por el contexto político de la Transición.

La historia les pertenece a todos.

Pero el relato no.

El relato debe someterse siempre a la prueba más sencilla y, al mismo tiempo, más exigente que existe en cualquier investigación histórica:

¿Dónde está el documento?

Porque, al final, los testimonios emocionan.

Las opiniones convencen.

Pero sólo los documentos demuestran.

Y en Historia, como en Derecho, el dato siempre debe prevalecer sobre el relato.