Medio siglo después: entre la reivindicación y el autoengaño. Por JM Prades

Sargento G.C. Nicolás Fabregat

Cincuenta años dan para construir un relato sólido. También, si no se tiene cuidado, para instalarse en él. El discurso reivindicativo en torno a determinadas realidades dentro de la Guardia Civil ha alcanzado un grado notable de madurez narrativa: se identifican agravios históricos, se denuncian déficits estructurales y se apela, con razón, a una equiparación plena de derechos en un contexto democrático.

Pero cuando el paso del tiempo no se traduce en avances tangibles, la pregunta inevitable deja de ser qué falta por conseguir y pasa a ser qué se ha hecho -y qué no- para lograrlo.

La autocrítica que no llega

Hay un elemento que destaca por su ausencia: la autocrítica. Tras décadas de movilización, las reivindicaciones centrales apenas han variado. La desmilitarización y la libre sindicación siguen sobre la mesa como objetivos lejanos, más aspiracionales que operativos.

Esto obliga a plantear una cuestión incómoda: si el diagnóstico lleva medio siglo siendo esencialmente el mismo, ¿dónde está el fallo? Porque un movimiento que no revisa sus propias estrategias corre el riesgo de convertirse en un eco de sí mismo.

A ello se suma otro dato raramente explicitado: la participación. El volumen de votantes en procesos internos o el grado de implicación real del colectivo no parecen corresponderse con la intensidad del discurso público. Sin una base amplia y movilizada, cualquier reivindicación estructural queda, en la práctica, limitada a la esfera declarativa.

El espejo europeo

Hay, sin embargo, una comparación que resulta especialmente elocuente y que rara vez se aborda con la profundidad necesaria: la evolución de cuerpos policiales de naturaleza similar en el entorno europeo.

En países como Francia, Italia o Portugal, fuerzas con estatuto militar o híbrido -como la Gendarmería Nacional, los Carabinieri o la Guarda Nacional Republicana- han experimentado en las últimas décadas procesos de adaptación progresiva a estándares más próximos al ámbito civil en materia de derechos profesionales, representación y condiciones laborales.

Sin ser modelos plenamente homologables -cada país responde a su propia tradición institucional-, lo cierto es que han incorporado mecanismos de interlocución más robustos, marcos de representación más efectivos y, en algunos casos, niveles de protección profesional superiores.

La comparación no implica idealización. También en estos cuerpos existen limitaciones y tensiones. Pero introduce un elemento difícil de obviar: en un mismo marco europeo, con condicionantes históricos en parte comparables, la evolución no ha sido uniforme.

Y eso obliga a una doble lectura. Por un lado, refuerza la legitimidad de determinadas reivindicaciones al demostrar que existen precedentes viables. Por otro, abre una pregunta incómoda: si otros han avanzado más en un periodo similar, ¿qué factores -internos y externos- explican la diferencia?

Tradición y aconfesionalidad

El plano simbólico tampoco es menor. La celebración de un acto el 9 de mayo ante la patrona de Madrid introduce un debate que va más allá de lo ceremonial.

En un Estado aconfesional como España, la participación institucional en actos religiosos no es ilegal ni excepcional, pero sí discutible desde el punto de vista de la neutralidad pública. Puede interpretarse como una expresión de tradición, incluso de identidad histórica. Pero también como una inercia que no termina de encajar con el modelo de institución que se dice aspirar a construir.

La cuestión de fondo es clara: ¿hasta qué punto es coherente reivindicar una plena homologación con cuerpos civiles y, al mismo tiempo, mantener sin cuestionamiento elementos simbólicos que remiten a otra lógica institucional?

No hay una respuesta única, pero sí una exigencia mínima: afrontar el debate sin refugiarse en la costumbre.

Condiciones materiales: la realidad persistente

Más allá del discurso, la realidad material sigue siendo un argumento contundente. Infraestructuras obsoletas, falta de inversión y condiciones de trabajo mejorables continúan presentes en numerosas unidades.

Esto refuerza la legitimidad de las reivindicaciones. Pero también subraya un hecho incómodo: la distancia entre el tiempo invertido en denunciar y los resultados obtenidos.

Entre el discurso y la eficacia

El problema no es la falta de razón, sino la falta de resultados. Y cuando eso se prolonga durante décadas, el riesgo es evidente: que el discurso se convierta en un fin en sí mismo.

En ese punto, la frontera entre la reivindicación legítima y el mero posicionamiento retórico se vuelve difusa. Mucho énfasis en la denuncia, sí, pero escasa capacidad de transformación.

Y ahí conviene recuperar la frase de Jean-Paul Sartre: “Como todos los soñadores, confundí el desencanto con la verdad”. Convertir esa frase en clave de lectura no debilita la crítica; la obliga a ser más exigente consigo misma.

Quizá ha llegado el momento de revisar no solo las demandas, sino también las estrategias, los liderazgos y los propios supuestos de partida. Porque medio siglo después, la cuestión ya no es solo qué queda por hacer, sino por qué sigue sin hacerse.