Así vio el SECED la protesta policial del 17 de diciembre de 1976. Por JM Prades

 

Documento del Archivo Linz. Fundación Juan March

Medio siglo después, la lectura de los Boletines de Situación del Servicio Central de Documentación (SECED) sobre la manifestación policial del 17 de diciembre de 1976 ofrece una radiografía muy reveladora (y en cierto modo incómoda) de la cultura analítica del aparato de seguridad en los primeros compases de la Transición.

Lo primero que salta a la vista es la desproporción analítica. Los propios informes reconocen que la protesta movilizó apenas a “varios centenares” de agentes y que sus reivindicaciones tenían un fuerte componente socio-profesional. Sin embargo, el SECED eleva el episodio a la categoría de amenaza significativa, hasta el punto de situarlo por encima, en términos de gravedad, de acciones violentas como las de los GRAPO (secuestro de Oriol en fecha previa). Esa valoración no se explica por los hechos en sí, sino por lo que el servicio creía ver detrás.

... "La manifestación y protesta de las F.O.P. tiene una mayor gravedad significativa. El número de los envueltos ha sido pequeño, pero revela una crisis de disciplina que es inútil silenciar". “Se echa de menos hasta el momento una información oficial sobre lo ocurrido, así como sobre las responsabilidades existentes y la aplicación de las sanciones que correspondan, ausencia que empieza a dar lugar a los más variados rumores".

Y ahí está la clave.

Para los analistas del SECED, el problema central no era la protesta en sí misma, sino quién protestaba. Que miembros de las fuerzas de orden público (instituciones todavía profundamente militarizadas) exteriorizaran públicamente malestar corporativo activaba todas las alarmas del sistema. Desde una lógica de seguridad heredada del franquismo tardío, la disciplina de los cuerpos armados era un pilar de estabilidad política. Cualquier fisura, por pequeña que fuese, se interpretaba con lentes de riesgo sistémico.

En ese marco debe entenderse la insistencia del boletín en detectar la “huella” del Partido Comunista de España. Más que una conclusión empírica sólida, lo que aflora es un sesgo interpretativo estructural: la tendencia a leer la conflictividad social (incluso la de naturaleza corporativa) como potencialmente inducida por la oposición organizada. Era un reflejo típico de los servicios de información de la época.

"No parece sean solamente las reivindicaciones el motivo de esa algarada, sino la infiltración política de signo claramente comunista que la ha provocado, siguiendo para ello una paciente labor con arreglo a su conocida manera de actuar. La magnitud del problema, posiblemente no conocida más que por un mínimo número de los participantes, hace pensar que las decisiones alcanzarán con todo rigor a los responsables de tan grave indisciplina".

El precedente de la Unión Militar Democrática ayuda a entender ese clima de sospecha. La aparición de disidencia dentro de las Fuerzas Armadas había roto un supuesto básico del sistema: que la lealtad corporativa era monolítica. Desde ese momento, cualquier signo de malestar interno en cuerpos armados se volvió especialmente sensible para los servicios de inteligencia. La protesta policial tocó el nervio más sensible de los servicios de inteligencia en aquel momento.

Ahora bien, vistos los acontecimientos con la perspectiva de cinco décadas, todo indica que el SECED sobreinterpretó el alcance político del episodio. No hay evidencias de que la movilización derivara en una dinámica de indisciplina estructural ni de que existiera una operación de infiltración con la profundidad que temían los analistas. Más bien parece tratarse de un fenómeno típico de transición institucional: un colectivo profesional que, en un contexto de apertura política y cambio social acelerado, comienza a expresar reivindicaciones largamente contenidas.

Paradójicamente, el informe resulta hoy más valioso por lo que revela sobre el propio SECED que por lo que dice sobre los manifestantes. El boletín muestra un aparato de inteligencia extremadamente sensible a la estabilidad interna, todavía anclado en parámetros de seguridad preventiva y con una clara dificultad para distinguir entre protesta corporativa y subversión política.

Ese desfase entre percepción y realidad es, quizá, una de las lecciones más interesantes del episodio.

Que aquello generara tanta inquietud en los despachos del SECED dice mucho sobre el momento histórico que atravesaba España a finales de 1976, un tiempo en el que el cambio avanzaba más deprisa en la calle que en los marcos mentales de quienes debían interpretarlo.

Medio siglo después, la llamada "manifestación de la Seguridad Social" dentro del colectivo policial aparece menos como un desafío al Estado que como el síntoma temprano de un cambio que ya se abría paso incluso en los cuerpos más rígidamente estructurados. La reacción disciplinaria que siguió (rápida y severa) revela hasta qué punto la estabilidad de la Transición se percibía entonces como frágil en los despachos de los servicios de inteligencia. Sin embargo, aquellos “varios centenares” de agentes que salieron a la calle por mejoras profesionales no provocaron la quiebra del sistema, sino que anticiparon, de forma todavía tímida y costosa en lo personal, la progresiva normalización laboral de las fuerzas de seguridad en la España democrática. Su gesto, observado con la perspectiva de cincuenta años, forma parte silenciosa pero significativa de la intrahistoria de la Transición. 

La lectura que el SECED realizó del acontecimiento se apartó de esta dimensión reivindicativa para situar el foco en el plano disciplinario. El Boletín de Situación nº 194 calificó la protesta como de “mayor gravedad significativa” incluso que el secuestro perpetrado por los GRAPO, una valoración que revela con claridad la lógica de prioridades del servicio.