La memoria incómoda de la Guardia Civil: “Operación Columna” y el silencio institucional.

 

A finales de los años 80, mientras España consolidaba su democracia y ETA seguía siendo una amenaza real, se libraba otra batalla menos visible dentro de la Guardia Civil: la de un grupo de agentes que reclamaban derechos fundamentales y la democratización interna de la institución. La respuesta del Estado fue la llamada “Operación Columna”, un plan sistemático destinado a neutralizar el activismo democrático dentro del propio cuerpo.

Este dispositivo, coordinado por la cúpula de la Guardia Civil y con respaldo político, incluyó vigilancia ilegal, expedientes disciplinarios abusivos, infiltraciones, campañas de desprestigio, internamientos psiquiátricos y detenciones arbitrarias, expulsiones contra guardias civiles que, de forma discreta y clandestina, empezaban a coordinarse para exigir libertades asociativas, derechos laborales básicos y una modernización real de la institución.

Aunque “Operación Columna” no debe confundirse con la guerra sucia del GAL, existen paralelismos estructurales. En ambos casos, se usaron recursos estatales para fines extralegales, con beneplácito político y técnicas similares de espionaje y coacción. La diferencia radica en el objetivo: en un caso, “enemigos externos”; en el otro, “enemigos internos”.

Cuatro décadas después, este episodio sigue sin una investigación oficial ni una comisión de la verdad. La transición democrática española, marcada por pactos tácitos de silencio, priorizó la estabilidad sobre el esclarecimiento. Muchos de los protagonistas continuaron sus carreras institucionales sin rendir cuentas, y la narrativa oficial sobre la democratización de la Guardia Civil obvió la represión de quienes la impulsaron.

Hoy, en vísperas de elecciones al Consejo de la Guardia Civil, sorprende el silencio de las asociaciones profesionales sobre esta cuestión. Su actitud responde a varios factores:

·       Dependencia legal e institucional, que limita su capacidad crítica.

·       Cooptación progresiva, centrando su agenda en mejoras laborales y no en cuestiones históricas delicadas.

·       Temor a divisiones internas y pérdida de apoyo electoral al reabrir heridas.

·       Ausencia de presión social o política externa, que les permite eludir el tema sin coste.

Paradójicamente, estas asociaciones existen gracias a la lucha de aquellos guardias perseguidos en “Operación Columna”. Sin embargo, su memoria ha sido marginada en nombre de una “normalidad institucional” que se presenta como natural, cuando en realidad fue conquistada a pulso y reprimida con dureza.

Aunque de puertas afuera las asociaciones profesionales han evitado pronunciamientos contundentes sobre la “Operación Columna”, en algunos congresos internos, publicaciones corporativas o encuentros cerrados sí se hace referencia a este episodio como parte de su genealogía.
 En esos espacios, más protegidos, se recuerda la persecución que sufrieron quienes defendieron derechos democráticos dentro de la institución en un momento en que hacerlo suponía exponerse a expedientes, traslados y marginación profesional.

Sin embargo, este reconocimiento interno no se ha traducido en un discurso público sostenido. Persisten reticencias culturales y políticas:

·       Temor a que la evocación pública de la “Operación Columna” sea percibida como una crítica institucional “desde dentro”.

·       Miedo a ser instrumentalizados políticamente por fuerzas externas.

·       Ausencia de un marco institucional que legitime estas reivindicaciones históricas.

Este silencio externo convive con un hecho llamativo: las principales reivindicaciones de aquellos precursores siguen sin materializarse plenamente más de cuarenta años después.
 En particular:

·       La desmilitarización de la Guardia Civil, reclamada entonces como condición para garantizar derechos fundamentales y una estructura más compatible con la democracia, no se ha producido. El cuerpo mantiene un estatuto militar que lo distingue de la Policía Nacional y limita su autonomía interna.

·       La sindicación real -es decir, la existencia de sindicatos con capacidad de negociación colectiva y autonomía plena- sigue vetada legalmente. Las asociaciones profesionales, aunque han ampliado su espacio de representación, continúan sin poder ejercer funciones sindicales plenas, ni formar parte de las mesas de negociación en igualdad de condiciones con otros cuerpos.

Estas dos cuestiones eran centrales para los grupos clandestinos desde su inicio, y constituyeron el núcleo de las demandas que motivaron la represión de la “Operación Columna”.
 Que estas demandas sigan pendientes después de cuatro décadas pone de relieve que la democratización interna de la Guardia Civil ha sido parcial y controlada desde arriba, no resultado de una transformación estructural en sentido pleno.

Así, el silencio público de muchas asociaciones actuales sobre la “Operación Columna” no sólo borra parte de su propia genealogía, sino que también desconecta el presente de un conflicto histórico que sigue teniendo consecuencias políticas y organizativas muy reales.

Esclarecer este episodio no se trata de “reabrir heridas”, sino de reconocer la verdad histórica, reparar a las víctimas internas y reforzar la legitimidad democrática de las instituciones. España ha demostrado que es capaz de abordar episodios oscuros -como el GAL- con cierta madurez. Hacerlo ahora con “Operación Columna” supondría completar un capítulo silenciado de nuestra historia reciente.

He aquí la ironía histórica: las asociaciones de hoy existen gracias a la lucha de aquellos precursores… pero sus reivindicaciones fundamentales siguen sin alcanzarse.

La memoria democrática no debería detenerse en la superficie cómoda de los relatos oficiales. Debe también mirar hacia dentro, hacia esos espacios donde el poder actuó contra quienes buscaban más libertad. Y en la Guardia Civil, esa mirada aún está pendiente.

José Miguel Prades