Elecciones al Consejo de la Guardia Civil 2025: asociaciones en pugna, programas y silencios estratégicos.

 

Las elecciones al Consejo de la Guardia Civil, previstas para los días 28 y 29 de octubre de 2025, se perfilan como un termómetro crucial del estado de ánimo dentro del Instituto Armado. El proceso, regulado por la Ley Orgánica 11/2007 y por el Real Decreto 1963/2008, permite que las distintas asociaciones profesionales presenten candidaturas en representación de las escalas de Cabos y Guardias, Suboficiales y Oficiales. Aunque el Consejo no tiene carácter sindical en sentido estricto, se ha convertido en la vía principal de interlocución y en un espacio de presión en materia de derechos laborales, retribuciones y condiciones profesionales.

La experiencia de 2021 sirve como referencia: la participación rondó el 45% en la escala de Cabos y Guardias y se eligieron 16 vocales en total. En aquella ocasión, JUCIL (Justicia para la Guardia Civil), heredera del movimiento Jusapol, se alzó con la primera posición en la escala básica gracias a un discurso confrontacional centrado en la equiparación salarial. AUGC (Asociación Unificada de Guardias Civiles), de más larga trayectoria, quedó en segundo lugar, mientras que otras asociaciones como AEGC, IGC o APROGC consiguieron representación minoritaria.

JUCIL: de la fuerza emergente a la crisis interna.

En 2025, JUCIL sigue siendo la referencia ineludible. Su programa insiste en la equiparación retributiva real, la jornada 6x6, el reconocimiento de la profesión de riesgo y una mayor cobertura jurídica para los agentes. Sin embargo, su imagen ha quedado dañada por una serie de querellas cruzadas, denuncias sobre la gestión de fondos y acusaciones de politización. La “guerra interna” ha aparecido en los tribunales y en los medios, proyectando una sensación de desgaste que podría restarle votos.

Su base militante, nutrida de agentes jóvenes desencantados con las promesas incumplidas sobre equiparación, podría dividirse entre la fidelidad a la marca y la búsqueda de alternativas más estables. De ahí que los analistas estimen un descenso potencial de entre 10 y 15 puntos porcentuales respecto a 2021.

AUGC: la alternativa consolidada.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles lleva más de treinta años de actividad y ha sido tradicionalmente la voz más crítica dentro del Consejo. Su programa de 2025 apuesta por la modernización institucional, la conciliación laboral, la salud y seguridad en el trabajo y la transparencia. Frente al discurso más emocional de JUCIL, AUGC proyecta experiencia y red territorial, un activo clave para movilizar voto en cada comandancia.

Si JUCIL pierde apoyos, AUGC es la opción con más probabilidades de absorberlos. Los cálculos razonados sitúan su techo en torno al 40% de los sufragios, lo que le permitiría disputar la condición de primera fuerza en la escala de Cabos y Guardias.

Asociaciones institucionalistas, técnicas y de nicho.

En paralelo, asociaciones como AEGC, IGC o APROGC buscan mantener su nicho. La primera defiende mejoras laborales en un tono más moderado; la segunda se especializa en propuestas técnicas sobre conciliación, teletrabajo y formación; y la tercera reivindica con fuerza la naturaleza militar del Cuerpo, apelando al respeto de símbolos y tradiciones.

El APC, centrado en los cabos, aspira a conservar representación entre ese colectivo específico. También figura la UGC (Unión de Guardias Civiles), de perfil reivindicativo similar al de AUGC pero con menor implantación territorial y sin representación previa en el Consejo, su presencia puede captar voto de nicho o de protesta en determinadas comandancias, influyendo marginalmente en el reparto global.

 En la escala de Suboficiales, ASESGC sigue siendo hegemónica, mientras que en la de Oficiales la Unión de Oficiales conserva posiciones sólidas gracias a su perfil jurídico y estratégico.

Escenarios y probabilidades.

Si la participación se mantiene en torno al 45%, los escenarios más plausibles para la escala básica son los siguientes:

·       JUCIL: 35–45% de votos, con riesgo de caída si la crisis interna ahuyenta electores.

·       AUGC: 30–40%, con opciones reales de ser la primera fuerza si capta el voto del desencanto.

·       AEGC, IGC, APROGC y APC: conjunto de 15–25%, con representación repartida según implantación provincial.

·       Independientes o locales: 5–12%, suficientes para fragmentar el mapa pero no para alterar el reparto global.

En suboficiales y oficiales, la estabilidad es mayor: ASESGC y Unión de Oficiales mantienen un electorado fiel y difícil de disputar.

Conformismo, domesticación e independencia.

Uno de los debates recurrentes es el grado de “conformismo” de las asociaciones. Algunas, como AUGC, han cultivado una imagen de confrontación constante con la Administración, recurriendo a la vía judicial cuando ha sido necesario. JUCIL, en sus orígenes, también encarnaba esa línea dura, aunque las tensiones internas han introducido la sospecha de politización.

Otras, como APROGC o APC, prefieren un tono institucional y defienden el carácter militar de la Guardia Civil, lo que las sitúa en una posición más dialogante con los mandos y los ministerios. Entre medias, asociaciones como AEGC o IGC se enfocan en propuestas técnicas, menos ideológicas y más orientadas a cuestiones prácticas.

En última instancia, cada votante interpreta esta dialéctica entre confrontación y cooperación como un factor decisivo a la hora de elegir papeleta.

El gran ausente: la desmilitarización.

Llama la atención que ninguna asociación mayoritaria haya colocado la desmilitarización en el centro de su programa electoral. El asunto aparece en debates políticos o en informes académicos, pero no en las propuestas asociativas. La explicación tiene varias capas:

1.      Limitación legal: la naturaleza militar de la Guardia Civil está fijada por ley orgánica. Plantear su supresión desborda las competencias del Consejo y de las asociaciones profesionales.

2.      División interna: existen guardias civiles a favor y en contra; el tema podría fracturar la afiliación en lugar de unirla.

3.      Riesgo económico y profesional: muchos temen perder beneficios asociados al régimen militar (vivienda, residencias descanso militares).

4.      Cálculo estratégico: las asociaciones priorizan reivindicaciones percibidas como alcanzables -equiparación, conciliación, seguridad laboral- frente a un objetivo que requiere una reforma política de gran calado.

5.      Sensibilidad simbólica: la Guardia Civil ocupa un lugar particular en el imaginario colectivo español. Desmilitarizarla sería abrir un debate político mucho más amplio que no todas las bases desean afrontar.

En suma, la desmilitarización se mantiene como una cuestión más propia del debate parlamentario que de los programas sindicales internos.

Mirando hacia octubre.

Las elecciones de octubre de 2025 medirán tanto la capacidad de movilización de cada asociación como el grado de unidad interna que son capaces de exhibir. JUCIL, aún fuerte, deberá superar la prueba de su propia crisis. AUGC tiene una oportunidad histórica de recuperar protagonismo. Y las asociaciones institucionalistas buscarán conservar su espacio en un Consejo que, aunque limitado en poderes, se ha consolidado como foro de reivindicación laboral y política dentro de la Guardia Civil.

El resultado será leído no solo como un reparto de vocales, sino como un reflejo de la correlación de fuerzas entre el espíritu de protesta y el de institucionalidad, entre la confrontación y la integración.

José Miguel Prades