Abuso policial en Oliva: cuando la excepción pone en cuestión al sistema.

 El reciente caso de Oliva (Valencia), en el que un agente de la Guardia Civil fue grabado agrediendo a una mujer esposada e indefensa, ha reabierto un debate tan incómodo como necesario: ¿por qué se siguen produciendo episodios de abuso policial en sociedades democráticas como la nuestra?

La violencia desproporcionada mostrada en el vídeo no es un simple “exceso” individual, es un síntoma de un problema más amplio que requiere mirarse de frente.

¿Por qué sucede?

Falta de control interno eficaz

Aunque los cuerpos de seguridad cuentan con protocolos disciplinarios, la realidad es que muchos abusos quedan invisibilizados porque rara vez salen a la luz pública. En este caso, de no haberse difundido el vídeo en redes sociales, probablemente no se habría actuado con la misma rapidez.

Cultura corporativista

Existe una tendencia a proteger la imagen del cuerpo antes que a depurar responsabilidades. Esa mentalidad de “cerrar filas” alimenta la impunidad y erosiona la confianza ciudadana.

Deficiencias en la formación

La formación policial suele centrarse más en aspectos técnicos y de control que en competencias emocionales y sociales: gestión de conflictos, desescalada de tensiones, inteligencia emocional, perspectiva de género y derechos humanos. La carencia en estas áreas abre la puerta a actuaciones desmedidas.

Estrés y condiciones laborales

No se puede obviar que los agentes trabajan en entornos de tensión, con recursos limitados y exposición a situaciones de riesgo. Pero ese estrés, sin una adecuada gestión psicológica y apoyo institucional, puede traducirse en reacciones violentas que jamás deberían normalizarse.

El silencio que también golpea

No menos preocupante que la agresión en sí es la inacción de los compañeros presentes. Ni un gesto de contención, ni un reproche visible, ni una reacción para frenar el abuso. Esa omisión revela un problema estructural: la idea de que “los trapos sucios se lavan dentro” y que cuestionar a un compañero equivale a traicionar al cuerpo.

Pero no intervenir también es una forma de violencia. Cada testigo uniformado que calla valida la agresión y la normaliza, transmitiendo el mensaje de que el uso arbitrario de la fuerza puede tener cabida en el servicio público. Ese silencio cómplice erosiona tanto como la agresión misma, porque muestra que la institución, en ese instante, falló en bloque.

¿Qué consecuencias tiene?

Cada episodio de abuso policial no es solo un drama individual para la víctima, sino también un golpe a la legitimidad de las instituciones. La ciudadanía empieza a preguntarse si realmente está protegida o si, en determinadas circunstancias, puede ser víctima de quienes deberían garantizar su seguridad. Y esa desconfianza es terreno fértil para la polarización y el descrédito institucional.

¿Qué soluciones son necesarias?

Mecanismos independientes de supervisión

No basta con investigaciones internas. Se requieren organismos externos y autónomos que velen por la transparencia y rindan cuentas públicamente.

Reforzar la formación

La capacitación en derechos humanos, mediación y técnicas de desescalada debe ser tan prioritaria como el manejo del arma. La fuerza es el último recurso, no el primero.

Uso de cámaras corporales

Las bodycams se han mostrado útiles en muchos países para registrar actuaciones y ofrecer pruebas objetivas en casos de controversia.

Apoyo psicológico real y obligatorio

Evaluaciones periódicas de salud mental y programas de gestión del estrés ayudarían a prevenir comportamientos impulsivos y violentos.

Cultura de la rendición de cuentas

Los cuerpos policiales deben ser los primeros interesados en depurar responsabilidades. La confianza ciudadana se gana demostrando que no hay espacio para la impunidad.

El caso de Oliva no debe interpretarse como un error aislado, sino como una oportunidad para reflexionar sobre las debilidades del sistema y reforzarlo. La seguridad ciudadana y los derechos fundamentales no pueden entrar en contradicción: solo se sostienen mutuamente.

Un Estado de derecho sólido no es aquel que niega sus fallas, sino el que se atreve a corregirlas con transparencia y firmeza.

José Miguel Prades