SUGC -HISTORIA-
El 20 de
septiembre de 1986, miembros de la Mesa para la Unidad de los Comunistas
denunciaron en Sevilla la detención de dos guardias civiles, presuntos miembros
del clandestino Sindicato Unificado de la Guardia Civil. Asimismo, el ex
senador Fernández Piñar, confirmó que un guardia civil destinado en Huelva,
identificado en un principio como Rafael Rayo Vázquez, se encontraba recluido e
incomunicado en un calabozo de la capital andaluza, acusado de militar en esa
organización sindical.
Por la noche, Fernández Piñar volvió a ponerse en contacto con la prensa para denunciar una nueva detención. En una céntrica cafetería seviIlana cinco miembros de los Servicios de Información de la Guardia Civil localizaron a otro presunto sindicalista: el cabo primero Manuel Rosa Recuerda. El cabo Rosa se encontraba en el lugar con Fernández Piñar y José Luis Insausti, a quienes también pretendieron arrestar, confundiéndoles, según sus propias declaraciones, con periodistas. Los dirigentes políticos se identificaron y el grupo de guardias civiles detuvo a Rosa Recuerda, con destino en la Séptima Compañía de Especialistas Fiscales del muelle de Sevilla. Días después, se conocería que en ese momento el cabo Rosa llevaba consigo el derecho de petición para legalizar asociaciones deportivo-culturales o profesionales de guardias civiles. No obstante, ni entonces ni posteriormente, dieron a conocer los detalles de esta detención.
Nadie sabía a
ciencia cierta cuál era el origen de este movimiento subversivo surgido en el
seno de la Guardia Civil. Habría que remontarse al año 1976 para encontrar los
primeros indicios de que algo ocurría en el Instituto Armado.
El 17 de
diciembre de 1976 estalló el conflicto. Cuatrocientos miembros de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado se concentraron a las once de la mañana en la
Plaza de Oriente de Madrid. celebraron una asamblea, y posteriormente,
marcharon en manifestación hasta las puertas del Ministerio de la Gobernación
demandando derechos y mejoras laborales.
Policía Armada y
Guardia Civil se echaron a la calle para reivindicar el derecho a la Seguridad
Social.
El diario El País
recogía sobre aquella manifestación: Para los convocantes sus reivindicaciones
son esencialmente laborales. Entre ellas se incluye el deseo de ser
considerados profesionales del orden público y no soldados»…
Entre otras
demandas, destacamos las siguientes:
1. Aumento
lineal de diez mil pesetas (el sueldo de un policía o guardia civil ascendía a
unas 7.000 peseta en bruto, que con los descuentos se quedaba en unas 4.000
pesetas al mes).
2. Ser acogidos
en el régimen de la Seguridad Social a partir de enero de 1977.
3. Igualdad con
la misma base en la percepción de trienios, sin diferencia de escalas ni
categorías.
4. Cien por cien
del salario real al llegar a la jubilación.
5. Revisión del
sistema de vacaciones y turnos de trabajo (carecían del derecho a vacaciones y
cumplían servicios de hasta cuarenta y ocho horas seguidas).
6. Revisión del
reglamento de 1930 en el que se les
conceptuaba como soldados y no como profesionales del orden público.
7. Que no hubiera
represalias por las peticiones.
La noticia, recogida por varios medios de comunicación de ámbito nacional y provincial. no
sólo significó una muestra de la conflictividad social que se vivía entonces
tras la muerte del dictador, sino que supuso una gran carga de profundidad para
las estructuras de un Estado que seguía controlado por el aparato de la
dictadura. No hay que olvidar que ambos cuerpos policiales estaban plenamente
militarizados y hablan servido fundamentalmente como fuerzas de represión y
control social.
Así, el diario
valenciano las Provincias relató de este modo el final de esta pionera
actividad reivindicativa: acudieron al lugar de los hechos fuerzas de la
Policía Armada equipada con material antidisturbios pero no llegaron a actuar y
a requerimiento de sus oficiales se retiraron.
De este modo permanecieron sin ser recibidos durante tres horas ante el
Ministerio de la Gobernación. Los manifestantes reclamaron la dimisión de
Martín Villa y según las fuentes se produjeron algunos incidentes entre
manifestantes y los jefes que intentaban disuadirles.
El 6 de diciembre de 1976, un grupo de policías armados y guardias civiles decidieron reunirse en la Casa de Campo de Madrid y acordaron llevar a cabo una manifestación en la vía pública, fijando la fecha del día 17de ese mismo mes. Desde el día siguiente se dieron consignas por las radios de los vehículos policiales de forma constante: “Todos a la Plaza de Oriente, día 17 a las 12 horas». Los organizadores sabian lo que se jugaban. estaban sometidos a la disciplina castrense y un acto semejante podría ser considerado como rebelión militar. No obstante. se apreciaba una gran determinación por parte de los organizadores. El día D a la hora H, los policías comenzaron a llegar a la plaza en gran número; los oficiales que, de servicio, fuero a intentar controlar la situación o, al menos, a tomar buena nota de las posibles faltas o delitos que pudieran cometerse, no daban crédito a lo que estaban viendo. Se organizaron en asamblea y eligieron a dos vocales representativos, uno por cada uno de los Cuerpos. A continuación se leyó un manifiesto y, acto seguido, partieron en manifestación cruzando Madrid, hasta llegar frente al Ministerio de la Gobernación. Fueron cesados el director general de Seguridad, Rodriguez Román, y el director general de la Guardia Civil, Ángel Campano.
La mayor parte de los expedientados sufrieron traslados indiscriminados, los destinaron al País Vasco. A pesar del tremendo aparato de represión sindical desplegado por el Estado Mayor de la Guardia Civil, las primeras consecuencias de la manifestación de la calle Guzmán el Bueno fueron inmediatas. El Gobierno, que también se negaba a reconocer esta lucha, concedió a los funcionarios de la Benemérita y de la Policía el derecho a acogerse a los beneficios del régimen general de la Seguridad Social. La persecución alentada por los mandos, lejos de acallar estas voces, provocó el efecto contrario, y los guardias, hasta entonces servilistas, creyeron que había llegado el momento de dignificar la profesión.
A raíz de esta
manifestación germinó en las bases de la Guardia Civil un cierto sentimiento
sindicalista que se acentuó a partir del momento en que la Policía Armada es
desmilitarizada por la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y
legalizados los sindicatos policiales.
Los efectos de la
manifestación de la Seguridad Social», como ha pasado a denominarse esta
primera acción reivindicativa protagonizada por miembros de la Guardia Civil y
la Policía, marca un hito fundamental en varias vertientes. En primer lugar,
significó el nacimiento de una corriente que cada vez será mayor en estos
Cuerpos policiales, cuyos agentes empezaban a organizarse para conseguir un
modelo policial democrático. En una segunda vertiente nos encontramos con el
efecto que tuvo la feroz represión posterior:
Muchos fueron
cesados en sus destinos y trasladados forzosamente, en su mayoría al País
Vasco, lo que propició y aceleró la creación de focos sindicalistas en los
cuerpos de policía.
Por otro lado,
las medidas disciplinarias, aplicadas con dureza aquel invierno desde la
Dirección General de la Guardia Civil,
pretendían no sólo sancionar a las personas que participaron en la
concentración sino acallar cualquier inquietud reivindicativa interna.
Como ha señalado
el profesor Manuel Ballbé estas medidas represivas silenciarían por bastante
tiempo cualquier movimiento democrático en el seno de los Cuerpos policiales
militarizados y ello demostraba, de nuevo, que la responsabilidad del
mantenimiento de un modelo autoritario en la Policía no recala en los agentes
de la escala básica, sometidos a un régimen marcial, sino en los mandos Y
dirigentes políticos interesados en perpetuar la situación al servicio de sus
intereses. También parece que la permanencia de estos Cuerpos policiales
militarizados responde al tipo de transición democrática que se produjo en
nuestro país, donde, tal y como ha señalado el catedrático Vicenc Navarro, el
peso de la derecha política y social fue muy notable.
La realidad en la
Guardia Civil permaneció inalterada. Esta sensación de bloqueo y de abandono
tiene un efecto colateral muy importante: es en el verano de 1982 cuando se
inician, de forma clara. los primeros contactos y reuniones clandestinas entre
miembros de la Guardia Civil para Formar un sindicato. La ilusión creada entre
los guardias civiles por las expectativas abiertas tras el triunfo del PSOE se
tomó en decepción cuando los cambios prometidos no llegaron. Esto fue lo que
aceleró el proceso de creación de un sindicato en el seno del Instituto Armado.
Proceso que adoptó varias formas, dispersas y descoordinadas en un principio.
El periódico
Diario 16 dejó claramente expresado en su edición del 21 de junio de 1983 el
efecto que causaron estas primeras reuniones dentro del Cuerpo: “Conmoción en
el mando ante la creación de un sindicato clandestino en la Guardia Civil”.
Las noticias
apuntan a que existía un grupo organizado de suboficiales y cabos del Cuerpo
que habían redactado un manifiesto de nueve folios y tenían ya preparada la
aparición de una revista con el nombre de Ahumada.
Un mes más tarde,
el 27 de julio de 1985, el semanario Tiempo publica la primera noticia sobre el
nacimiento de un sindicato dentro del Cuerpo: la Unión Sindical de Guardias
Civiles (USGC). Cinco promotores de la USGC (dos oficiales. un sargento y dos
números) declaran a Tiempo que cuentan ya con 150 militantes clandestinos y varios
núcleos organizados en Madrid. Barcelona. Bilbao y Sevilla.
Presentaron una plataforma reivindicativa de 27 puntos, que habían empezado a distribuir por acuartelamientos del Cuerpo:
'
Desmilitarización a corto plazo…
' Reintegración
en el Cuerpo de los expulsados por la manifestación de la Seguridad Social.
' Reconocimiento
del derecho de sindicación.
'Amnistía para
todos los implicados en actividades sindicales.
' Dimisión del
general Aramburu Topete.
' Nombramiento de
un civil como director general del Cuerpo.
'Sustitución del
profesorado de las Academias por profesorado civil.
' Cese automático
de la instrucción militar en las academias
'Supresión de la figura del guardia civil auxiliar.
' Cese inmediato
de la afluencia de Oficiales procedentes de la Academia General Militar.
' Salida
inmediata de todo el personal del ejército destinado en el Cuerpo.
' Dependencia
total del ministerio del Interior.
'Abolición de
todo el reglamento de la Guardia Civil y creación de un Código Deontológico
ajustado a Derecho.
' Creación de una
comisión del Ministerio del Interior para el estudio de la estructura de la
Guardia Civil con participación de los sindicatos.
' Creación de un
comité que investigue todos los casos de corrupción.
' Supresión del
pago de cuotas a la Cofradía Nuestra señora de la Cabeza, Damas del Pilar,
Mutua Benéfica y Socorros Mutuos.
' No expulsión
del Cuerpo por acumulación de correctivos.
' Reconocimiento
del derecho y obligación de denuncia a un superior.
' Reconocimiento
del derecho a vacaciones.
'Abolición de
todos los servicios superiores a ocho horas. Máximo ocho horas de servicio
diarias y derecho a un día libre semanal.
' Nombramiento de
los servicios con tres días de antelación.
' Derecho a
circular por donde se quiera. salir del cuartel cuando se quiera y vivir donde
se quiera sin necesidad de autorización, con la única obligación de estar en el
cuartel a la hora de montar el servicio
'Supresión de la revista Guardia Civil por inservible.
'Supresión de
dietas por revistas e igualdad de dietas a todos los componentes.
'Gratuidad del nuevo uniforme y anulación del tricornio y trinchas en
la uniformidad.
' Medidas de
protección contra el desempleo.
º Derecho a excedencia.
El 20 de junio de
ese mismo año, según informaron fuentes policiales, miembros del Instituto
Armado realizaron diversas gestiones clandestinas para formar el embrión de lo
que podría ser un sindicato de los funcionarios del Cuerpo. La organización se
denominaría Sindicato Profesional de la Guardia Civil o Sindicato de la Guardia
Civil, al amparo del proyecto de ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que el
Gobierno elaboraba.
En diciembre de
1984 dirigentes del Partido Comunista de España(PCE) solicitaron, a través de
una interpelación parlamentaria, la desmilitarización de la Guardia Civil y la
legalización del clandestino Sindicato Profesional de la Guardia Civil. Manuel
Corvo, secretario de la Comisión de Interior del PCE, afirmó que «la reforma policial
no debe finalizar en la Policía Nacional y en el Cuerpo Superior de Policía,
sino que debe alcanzar al Instituto Armado, por lo que los comunistas vamos a
dar la batalla en el tema de la Guardia Civil».
El SPGC contaba
en esos momentos en Madrid con una junta gestora compuesta de doce miembros,
entre los cuales figuraba algún oficial. También disponían de juntas
provinciales, constituidas en Sevilla, San Sebastián, Barcelona y Valencia.
El 8 de marzo de
1985, las agencias informativas difundían un despacho insólito. Según había
publicado un diario local, en el que se recogían supuestas declaraciones
sindicales de un pretendido comité provincial del clandestino sindicato de la
Guardia Civil, una cuarta parte de los guardias civiles de Huelva, estaba asociada
a esta organización ilegal. Destaca también en las zonas de Levante y
Andalucía. De esta forma, los mandos aceptaron una situación que hasta entonces
se habían negado a considerar: que la sociedad progresaba a distinto ritmo que
el Cuerpo.
Con el fin de
garantizar el descanso semanal de todo el personal, particularmente el de los guardias que por
encontrarse una mayoría de ellos en pequeñas unidades no gozan de dicho
descanso, se publica la O.G. nº 39 de 19/06/84 ordenando que los miembros del
Cuerpo gozaran de un día libre a la semana.
La injerencia de los mandos militares en asuntos que nada tenían que ver con la institución, como la investigación de profesionales de la información supuestamente relacionados con guardias sindicalistas, fue mucho más lejos a comienzos del año 1986. El Si en la comunidad autónoma andaluza los mandos se desayunaban diariamente con este tipo de denuncias, los comités ejecutivos del sindicato en otras provincias no permanecían inactivos. En Madrid, el SUGC llegó a presentar en el Congreso de los Diputados y ante el Defensor del Pueblo los resultados de una investigación sobre presuntas negligencias médico-asistenciales en el Hospital Militar de Ciempozuelos, donde irremisiblemente daban con sus huesos los guardias sospechosos. La filosofía que inspiraba esta práctica era bien sencilla: un guardia que reivindicara sus derechos fundamentales sólo podía estar loco.
Los testimonios
recogidos sobre el Hospital Militar de Ciempozuelos, aportados en su mayoría
por guardias afiliados, aseguraban que ser declarado útil para el servicio tras
una estancia en este centro sanitario constituía un hecho insólito. A pesar de
su aparente modernidad, las condiciones ambientales de este hospital y los
tratamientos aplicados podrían provocar, según las referencias, el
agudizamiento de los trastornos psíquicos de los pacientes, ya que en muchos
aspectos el hospital no era sino la prolongación de los cuarteles y de su
estructura disciplinaria. A Ciempozuelos se llegaba tras haber superado el reconocimiento
de un tribunal militar que entendía en casos muy dispares.
Allí eran
condenados a la soledad de una habitación durante semanas o meses, el tiempo
que se juzgara necesario para su observación, o a la convivencia con la más
variada gama de locuras, incluido el asesinato.
La concatenación
de noticias relacionadas con casos de abuso de poder y menosprecio a los
derechos de los agentes en la Guardia Civil, creó un clima que eclosionó en
1986 con la nueva ley de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que
unificó el Cuerpo Nacional de Policía con la Policía Nacional dejando fuera a
la Guardia Civil que, al no tener un régimen disciplinario propio, se regía por
el de las Fuerzas Armadas, continuando con la prohibición de la adscripción a sindicatos
u organizaciones profesionales.
Este hecho, una nueva ley que no avanzaba en la modernización y democratización de la Guardia Civil, a la postre se convirtió en el detonante que impulsó la creación de la Unión Democrática de Guardias Civiles (UDGC), liderada por el cabo Manuel Rosa Recuerda, y del Sindicato Unificado de la Guardia Civil (SUGC), nuevas organizaciones que coordinarán todos los núcleos de activistas sindicales que habían protagonizado los anteriores intentos de cuajar una organización. El SUGC y la UDGC se habían estado preparando para consolidar su presencia en la Guardia Civil y, además, resistir. Si durante estos años estas organizaciones ilegales, con sus insistentes demandas de democratización y desmilitarización del Cuerpo, se convierten en la «bestia negra» de los mandos militares de la Guardia Civil, la cuestión les iba a preocupar bastante más con el transcurrir del tiempo.
Varios hechos se
producen también durante 1985 que vienen a demostrar cómo el proceso de
construcción del movimiento sindical clandestino en la Guardia Civil empieza a
ser una realidad. Desde el mundo político se van conociendo opiniones a favor
de la desmilitarización del Cuerpo. En abril Cambio 16 publica que Francisco
Laína, ex director de la Seguridad del Estado con el Gobierno de UCD, había
defendido en una tertulia de radio la desmilitarización del Instituto armado.
La preocupación
de la DGGC por la formación de un nuevo sindicato en el Cuerpo lejos de
desaparecer, va en aumento, tanto es así que el 15 de julio Cambio 16 publica
que miembros de la Guardia Civil adscritos a la lucha antiterrorista han
recibido el encargo de investigar la actividad sindical de agentes de la
Benemérita, convirtiéndose esta noticia en la primera prueba pública de que la
DGGC empezaba a utilizar a sus servicios secretos para investigar el
sindicalismo clandestino. Con el paso de los años este desvío de personal
adscrito a unidades de la lucha antiterrorista o a los servicios de Información
hacía la investigación del asociacionismo en el Cuerpo va a ser una constante
que continuará, incluso, con el movimiento asociativo legalizado, como
demostraremos más adelante.
La colaboración
con el recién creado Sindicato Unificado de Policía (SUP), que les brinda
asesoramiento jurídico, logístico y político, es fundamental durante toda esta
primera etapa de expansión y consolidación del SUGC, todo ello de forma
clandestina y sufriendo el autoritarismo militar más intransigente de los
mandos del Cuerpo. En esta tarea destacaron los generales Sáez de Santamaría,
Francisco Cereceda y Andrés Cassinello, obsesionados por erradicar como fuera a
la organización sindical y que no dudaron en recurrir al traslado forzoso de
cientos de guardias ci viles para hacer desaparecer los núcleos de militancia sindical
más sólidos.
El diario El País
publica una nota del SUGC el 18 de agosto de 1986 donde denuncia esta campaña
de prensa contra el sindicato y acusa al PSOE de carecer de memoria histórica e
ignorar la lucha clandestina de este partido durante el Franquismo. También el
periódico El Heraldo de Aragón, por estas mismas fechas reclama en un editorial
que se ponga fin a esta situación y emplaza a la Administración del Estado a
que escuche las demandas de los guardias civiles.
Comienza también
la feroz represión hacia los agentes sindicalistas. Destacaron los generales
Sáenz de Santamaría, Francisco Cereceda y Andrés Cassinello, obsesionados por
erradicar como fuera a la organización sindical y que no dudaron en recurrir al
traslado forzoso de cientos de guardias civiles para hacer desaparecer los
núcleos de militancia sindical más sólidos. Todo valía en la guerra contra el
SUGC. Así veía el general Cereceda, subdirector del Cuerpo, a los miembros del
sindicato en unas declaraciones a la prensa: “Son individuos resentidos de sí
mismos y de sus obligaciones que, además, no son ni guardias civiles porque no
tienen los sentimientos que tienen los guardias, son cobardes e indeseables”.
Y terminó
añadiendo de forma tajante y amenazadora: “Vamos a impedir con dureza que
lleven la indisciplina a nuestra institución”. Para el director general de la
Seguridad del Estado Julián Sancristóbal, los guardias del SUGC eran unos locos
que no tienen sitio dentro del Cuerpo.
El Comité
Ejecutivo del SUGC comenzaba a buscar también vías posibilistas para abordar la
democratización del Cuerpo viendo necesario restablecer los contactos con el
PSOE. Para ello puso en marcha en el verano de 1986 la llamada Operación
Hermenegilda con el fin de plantear al Gobierno socialista vías para legalizar
el sindicato y hacerles entrega de sus propuestas en torno a la
desmilitarización del Cuerpo.. Las declaraciones del presidente Felipe González
el 20 de agosto negando la existencia de sindicalistas en la Guardia Civil
frustraron, sin embargo. cualquier posibilidad de establecer un diálogo entre
el Gobierno y el SUGC. La vía dura de los ministros del Interior y de Defensa,
José Barrionuevo y Narcís Serra, había ganado de nuevo la partida.
«Los traslados
—según manifestó un portavoz sindical- producen graves trastornos a los
guardias afectados y a sus familias. El motivo aparente de esta remodelación
es, al parecer, que en algunas comandancias sobran efectivos. Nosotros creemos
que la mayoría de los traslados están motiva dos por causas sindicales, ya que
es en esa zona donde el SUGC obtiene mayor respuesta en los cuarteles.»
El procesamiento de los periodistas Antonio López Hidalgo, y Juan Emilio Ballesteros Macias, ambos redactores, en el momento de ser acusados de injurias al Ejército, de los diarios El Correo de Andalucía y Diario 16 respectivamente, concluiría con una polémica sentencia absolutoria de Audiencia Provincial de Sevilla, sentencia 324/89, que negó el carácter militar de la Guardia Civil además de poner en juego una vez más en la España democrática el derecho a la libertad de información. Los dos periodistas inculpados recibieron en el mes de noviembre de 1987, en las respectivas redacciones de los diarios en que trabajaban, el siguiente documento un documento del SUGC el cual publicaron en sus respectivos diarios.
En los fundamentos jurídicos de la sentencia 324/89, la Sala estimó que las noticias de prensa de las que fueron autores los procesados se referían a la Guardia Civil y, por lo tanto, sólo cabría la comisión del delito imputado en el caso de que la Guardia Civil forme parte de los Ejércitos. En los últimos años han sido importantes el debate doctrinal y los pronunciamientos jurisprudenciales sobre la naturaleza de la Guardia Civil. Pues bien, sin desconocer su estructura y organización. así como el eventual desempeño por dicho instituto de misiones de carácter militar, el tribunal estima que no está integrado y no forma parte de los Ejércitos. de manera que los procesados no pudieron cometer el delito que se viene analizando.
La Guardia Civil
no forma parte, pues, de las Fuerzas Armadas, de los Ejércitos, y sí en cambio
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuya misión, dice el artículo 104de la
Constitución, es proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y
garantizar la seguridad ciudadana.
Tampoco afecta a
cuanto se lleva expuesto la reciente Ley 17/1989, de 19 de julio, reguladora
del Régimen del Personal Militar Profesional (BOE de 20 de julio). Con
independencia de que no entrará en vigor hasta el uno de enero de 1990, y de
que no regula el Régimen de Personal de la Guardia Civil (artículo 4),
distingue netamente entre Fuerzas Armadas y Guardia Civil, y las referencias a
la misma en sus primeros preceptos, reitera la normativa de la Ley Orgánica
2/1986; y en cuanto al sometimiento de sus miembros a las leyes penales y
disciplinarias militares (artículo 4.3), cualquiera que sea el pronunciamiento
que en su día y en su caso pueda hacer al respecto el Tribunal Constitucional,
no entraña su inclusión en las Fuerzas Armadas, en los Ejércitos, como dice con
toda claridad la STS 25/88, de 15 de diciembre.
Los dos votos
particulares afirmaban que no cabía una fuerza de seguridad militarizada.
La inexistencia
de comités clandestinos en Madrid se debe a los recelos que siempre despertó en
la dirección del SUGC la posibilidad de que se usase la capital como puerta
para infiltrar tapas en la organización.
En 1989 José Luis Corcuera es el nuevo ministro
del Interior.
La Dirección
General inicia en 1990 una rigurosa persecución de los dirigentes del SUGC y
conocidos lideres representativos de los guardias civiles.
Estas nuevas
detenciones están relacionadas con las elecciones para la Mutua Benéfica del
Cuerpo celebradas en el último trimestre del año anterior.
Estos comicios
fueron los primeros democráticos en la Guardia Civil. Los agentes eligieron a
sus representantes de forma libre y secreta y pronto se propagó el rumor de que
los órganos de dirección de la nueva Mutua Benéfica habían sido copados por
miembros del sindicato. De tal forma que el general Francisco Millán
Terrador se niega a convocar la asamblea
reglamentaria después de que el SUGC anuncie en un comunicado que un
prestigioso Suboficial, miembro del sindicato y destinado en Toledo, puede
alcanzar la presidencia de la Mutua.
En el trasfondo
de este pucherazo» estaba la advertencia del SUGC de que la nueva Junta pediría
una auditoría financiera de la Mutua Benéfica, pues informaciones de entonces
calculaban un agujero de 13.000 millones de pesetas sin justificar. Por aquel
año .el patrimonio de la Mutua se estimaba en más de 6.000 millones v sólo en
cuotas obligatorias de los guardias se recaudaban 850 millones de pesetas al
año.
A finales de
julio de 1990 había cinco guardias civiles encarcelados en la prisión militar
de Alcalá-Meco (Manuel Rosa. José Luis Espino, Juan Antonio Cillán, Miguel
García y José Antonio León Serralbo. Cuatro permanecían en la prisión militar
de Figueras en Gerona José María Baz Bonilla. Pedro Ruiz Fernández. Francisco
Rubio Rodríguez y Carlos Fuentes Mendoza. y un guardia civil estaba detenido en
Zamora. Otros detenidos fueron José Luis Bargados, Fernando Cordero Martin (que
aunque no fue relacionado en un principio con el sindicato, coincidió en la
prisión con Rosa y Morata, entre otros), Alejandro Álvarez Borja. José Morata
Gargallo, Ramón Bravo Fuertes, Joaquín Parra. Manuel Linde. José Piñeiro, José Salinas
Berenguer, Pedro Escazíbar Gómez y José Antonio Teixiere, que ingresó en
prisión por desacato. Al guardia civil Juan Romero Fernández se le encarceló en
Logroño, pero ganó el juicio en el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja.
José Castaño Méndez, acusado de pertenecer al SUGC y ser su tesorero, también
fue encarcelado en Alcalá de Henares. A todos ellos había que unir al sargento
José Moreno, detenido en Madrid; a Fernando Rayo en Huelva, a P. López acusado
de deserción y a José Garrido Sales. Por su supuesta participación en una
manifestación del 1º de Mayo en Murcia.
Pendientes de un
Consejo de Guerra en Sevilla estaban J.A. Martinez Jimenez, José Luis Espino Crrasco, Juan Reina
Roldán y José Antonio Cañada Santos. Finalmente, quedan absueltos.
Pero si la guerra
mantenida contra el asociacionismo democrático no se detiene, la imaginación y
la audacia de los perseguidos tampoco.
Así, el 7 de
junio de l990. ocho guardias civiles presentan los estatutos de la Sociedad
Unionista de Guardias Civiles (SUGC) en el registro de la Generalitat
Valenciana. Fue el secretario general del SUP en la Comunidad Valenciana, Joan
Rocatí, el que hizo de mediador con el entonces presidente autonómico, el
socialista Joan Lerma. para que se cursaran los estatutos. En la redacción de
los mismos figuran como Junta Directiva: Alejandro Alvárez Borja como presidente. José Morata Gargallo
como vicepresidente y Antonio Álvarez Ríos, padre del guardia Alejandro. como
secretario. De vocales, los guardias civiles de la comandancia de Castellón:
Francisco Javier Alcoz Martinez, Pedro Mendo Sánchez, Joaquin Zambrana Pérez,
Gonzalo Gallego Siurana, Antonio Fernández Alfaro, José Dacosta Lorenzo, Pedro
Llaves Almagro y José Malmierca Valle.
OPERACIÓN COLUMNA: GUARDIAS CONTRA
GUARDIAS
A finales de
1988, la Dirección General de la Guardia Civil encarga al coronel Pedro
Catalán, a la sazón jefe del Servicio Central de Información, la elaboración de
una serie de análisis y estrategias encaminadas a acabar con el movimiento
sindical clandestino en el Cuerpo. Los documentos, de carácter secreto y
englobados bajo la denominación genérica de Operación Columna, versan sobre la
estructura interna del SUGC y de la UDGC, sus posibles integrantes.
reivindicaciones, implantación y vías internas de contacto entre sus miembros.
Pero, además, la
Operación Columna incluye el diseño de una serie de operativos para acabar con
el sindicalismo, muchos de ellos abiertamente fuera de la legalidad. Así, en un
documento fechado el 17 de abril de 1989, se dice que los miembros de las
células se relacionan entre si empleando los teléfonos de familiares y vecinos
o mediante la contratación, por parte de sus esposas. de apartados de correos
que cambian cada mes. Y añade: La mayor parte de las esposas de miembros del
movimiento sindical clandestino cooperan, activamente con sus maridos
sirviéndoles de enlaces o efectuando reconocimientos previos de itinerarios
ante sus citas orgánicas.
En el capítulo de
apoyos, se enumeran todos los partidos políticos y sindicatos —de clase y
policiales— que respaldan al movimiento sindical en el Cuerpo, así como medios
de comunicación que difunden los comunicados del SUGC, y se abre un apartado
titulado “Docencia y profesiones liberales» en el que se cita con nombres y
apellidos al catedrático Francisco Javier Pérez Royo, al profesor José Manuel
Cervera Grajera, al licenciado Francisco Javier Terrente Quesada, al procurador
Mauricio Gordillo Cañas, y a los abogados Jesús López de Lemus, Antonio Mates
Rodríguez y Manuel Manzaneque Garcia.
Este documento
finaliza proponiendo el arresto simultáneo de entre 10 y 15 dirigentes
sindicales y su entrega a la justicia militar acusados de un supuesto delito de
sedición; la elección de otro grupo “más numeroso que el anterior pero de menor
potencial, para ejercer sobre él, aislada e individualmente, las correcciones
disciplinarias a que se hubieran hecho acreedores; y la advertencia privada e
individual a cada uno de los restantes».
En otro documento
fechado el 24 de mayo de 1989 se informa de que ya ha concluido la fase de
acopio de información y se inicia la de desarticulación de las estructuras
clandestinas, a cargo de un Dispositiv0 Operativo Especial volcado
absolutamente en este asunto. Este documento tiene continuación en otro de
fecha 24 de agosto de ese año en el que se establece como prioridad conseguir
la convocatoria de una reunión del Comité Nacional de SUGC, a la que asistan
todos los dirigentes de los Comités Provinciales procediendo a la detención de
los mismos». En caso de no alcanzarse este objetivo. se insta a provocar
convocatorias de reuniones de comités regionales para llevar a cabo igualmente
los arrestos.
Más adelante, el
texto propone las intervenciones de dos teléfonos de aquellas dependencias
oficiales desde las que. se sabe o se presume, contactan los sospechosos cuando
se encuentran de servicio, y los de aquellas otras personas, familiares o no.
que emplean para sus comunicaciones orgánicas. Para el espionaje a los
sospechosos, familiares, vecinos, amigos, colaboradores, etc., el Servicio de
Información propone el alquiler de locales y la colocación de equipos de
escucha a cargo de la Unidad de Servicios Especiales (USE). El texto marca el
15 de septiembre de 1989 como fecha de inicio de la operación, y advierte:
“Si se necesita
provocar algún hecho para obtener una prueba, se solicitará del SCI (Servicio
Central de Información”.
La ficha de
apertura de la Operación Columna se completa con un listado de 25 nombres de
supuestos sindicalistas de la Guardia Civil, sus DNI, destinos y situación
judicial y disciplinaria, y se remata con una frase triunfalista: “La operación,
en su principio, no parece que ofrezca grandes dificultades de ejecución».
El 22 de enero de
1990 se redacta otra nota informativa de carácter secreto en la que se comunica
que ha quedado establecida la red de escuchas y se dice que se ha desechado el
espionaje en el caso del guardia Manuel
Linde Falero, de la 131 Comandancia (Badajoz), por haberse desencadenado una
campaña de prensa, a raiz (sic) de la presentación de un Comité del SUGC en
Mérida, que mantenía la idea-fuerza de que el SIGC había intervenido los
teléfonos de los miembros del Cuerpo sospechosos de pertenecer al SUGC».
Efectivamente, el diario Extremadura se había hecho eco de una denuncia
sindical sobre la intervención de cinco teléfonos de particulares, entre ellos
el de la esposa de un diputado regional de IU, el de un periodista y los de
varios familiares de guardias sospechosos.
La Asociación de
Cónyuges de Guardias Civiles merece buena parte del informe elaborado el 4 de
mayo de 1990. en el que se dice que esta organización actuará como organización
pantalla del movimiento sindical clandestino será conveniente el comenzar a
estudiar acciones legales contra la misma.
El 12 de julio,
se redacta una nueva nota sobre la operación para desarticular el Comité del
SUGC en Vigo, que refleja claramente que todo vale para acabar con el
movimiento clandestino. Así, leemos:
Se precisaría que
el Guardia José Piñeiro González conceda y celebre una entrevista a cualquier
representante de un medio de comunicación social. Que la entrevista sea publicada.
Que se recoja en las escuchas la concesión de la entrevista y comentarios sobre
la publicación de la misma. A través de un colaborador del Servicio,
relacionado con los m.c.s., la entrevista fue concedida y celebrada, con
grandes medidas de seguridad, durante el dia de ayer. Duró tres horas y a lo
largo de la misma el objetivo se implicó gravemente en actividades sindicales
clandestinas. La concesión de la entrevista y, posteriormente su contenido han
quedado reflejados en las escuchas telefónicas a que está sometido el objetivo.
El colaborador está tratando de introducir en algún m.c.s. la entrevista para
que sea publicada mañana viernes. En el supuesto de que la publicación se
efectúe mañana viernes, durante este fin de semana, el juez Togado Militar de
La Coruña preparará las órdenes de detención, entrada y registros necesarias,
para actuar, el próximo lunes, contra el objetivo.
Finalmente, tras
numerosas detenciones y el debilitamiento operativo del SUGC por las medidas
represivas y las tensiones internas, la Dirección General de la Guardia Civil
daba por concluida la Operación Columna el 19 de junio de 1991, en una
nota-informe en la que se ordena abrir otras cuatro operaciones parciales
contra los flecos del movimiento sindical.
Fruto de estas
detenciones, en los distintos Juzgados militares se encuentran instruidos unos
cuarenta sumarios por el delito de sedición militar.
Finalmente en
1.994 se cierran todos los sumarios con sentencia de sobreseimiento o
absolución. A la vista de estas sentencias la DGGC abre expedientes
gubernativos contra todos los implicados solicitando la expulsión del Cuerpo de
todos ellos.
Estos expedientes
acabaron perdiéndose en las dependencias de la DGGG hasta que caducaron.
Filón de oro: las
elecciones de la Mutua Benéfica.
Posters:
propaganda escrita del sindicato.
Algo de arriba:
se refiere al País Vasco.
Tener una paloma:
recibir una carta con propaganda o información del sindicato
Vídeo porno:
copia grabada de la entrevista que Canal 9, la televisión pública valenciana,
realizó a miembros del SUGC. Otras grabaciones.
Club de fútbol:
la rama del SUGC en Valencia.
Pese a la
anécdota, que suponemos costó a los Servicios de Información de la Guardia
Civil un arduo trabajo de investigación, la clandestinidad y las detenciones
obligaron a los miembros del SUGC a desarrollar unas normas de seguridad para
evitar represalias y detenciones.
Así para llamar
por teléfono evitaban llamar dos veces seguidas desde el mismo. Se utilizaban
teléfonos de cabinas públicas o de bares. Se desplazaban a localidades próximas
para llamar. Utilizaban los teléfonos de amigos o incluso de los sindicatos de
clase.
Otro sistema
usado fue la utilización de un criptógrafo ideado por Borja y Morata, utilizado
para trasmitir información mas confidencial. Se trataba de un cuadrante con el
alfabeto completo, en el que cada letra se expresada por un símbolo e incluso
otra letra distinta. Habia letras que tenían hasta 3 o 4 simbolos diferentes
para dificultar más aún su posible
traducción.
Para mandar
cartas o paquetes se utilizaban camioneros de confianza de la demarcación que
viajasen regularmente entre varias provincias.
En Febrero de
1993 se realiza en Valencia, el VIII congreso del SUGC con asistencia de
representantes de Cataluña, Aragón, Comunidad Valenciana, Galicia, Extremadura
y Murcia. Las actas de dicha reunión no dejan lugar a dudas: las disputas y los
personalismos son evidentes.
Se decide, ante
la situación compleja en que se encuentra el movimiento sindical, con la
mayoría de sus líderes encausados en los Tribunales Militares y el abandono por
parte de muchos de ellos de la lucha, disolver el SUGC y optar por buscar una
salida en la legalización de asociaciones.
17de diciembre de
1976: Primera manifestación en Madrid de guardias civiles y policías reclamando
derechos y Seguridad Social.
Primavera 1980:
La Ley Orgánica de Defensa Nacional consagra la doble dependencia de la Guardia
Civil, un primer paso hacia la desmilitarización.
1982: Total desamparo de los guardias civiles
ante el terrorismo. Comienzan a crearse
en las provincias del norte de España los primeros comités clandestinos de
guardias civiles.
1982-1985:Triunfo
del PSOE. Se desmilitariza la Policía Nacional. Promesas incumplidas respecto a
los guardias civiles y sus derechos. Aparecen los primeros sindicatos clandestinos
en la Guardia Civil: Unión Sindical de Guardias Civiles (USGC) y la Unión
Democrática de Guardias Civiles (UDGC).
1986: Nacimiento
del Sindicato Unificado de la Guardia Civil (SUGC).
Septiembre de
1986: Primera detención del dirigente histórico del SUGC, el cabo Rosa. Se
inicia la persecución sistemática de los sindicalistas demócratas en la Guardia
Civil. Se organiza la Asociación de Cónyuges y Familiares. cuyas diversas
variantes organizativas a lo largo de estos años juegan un papel fundamental en
la denuncia de la situación laboral de los guardias civiles.
1 de noviembre de
1986: Luis Roldán. primer civil al frente de la Guardia Civil. Prosigue la
represión y la persecución de los núcleos sindicalistas en el Cuerpo.
1988: 1º Congreso
clandestino del SUGC. La colaboración del SUP se inicia y fortalece.
1989: Fracasa un
intento de negociación entre el movimiento asociativo representado por UDGC y
el Ministerio del Interior dirigido por José Luis Corcuera. El Tribunal
Constitucional reafirma la naturaleza militar del Instituto, pero señala que sólo es una opción entre
otras posibles.
1990: Se
intensifica la represión y persecución de los militantes del SUGC.
1991: Las
divisiones y enfrentamientos, además de la represión, minan este primer gran
ciclo del movimiento asociativo clandestino.
18 de octubre de
1993: El Tribunal Constitucional afirma en una sentencia que los guardias
civiles tienen el derecho de asociarse. Estalla el escándalo Roldán.
Agosto de 1994:
Surge la asociacion de guardias civiles COPROPER que es legalizada por el
Ministerio del Interior
1996: Comienzan
las persecuciones de militantes de COPROPER
Expulsión del Cuerpo del histórico militante José Morata.
1997:
Consolidación organizativa de COPROPER
1998: La
Audiencia Nacional amplía los fines estatutarios de COPROPER y la declara
altamente saludable.
Mayo de 1998:
Dirigentes de COPROPER presentan en el Congreso de Diputados sus propuestas
sobre el modelo policial.
Noviembre de
1998: IV Congreso de COPROPER-6] en Valencia. Espionaje del mismo por el
Ministerio del interior…
1999: Intensa
actividad del movimiento asociativo. Crecimiento afiliativo. Apertura hacia
otros colectivos sociales y sindicales. Amplia movilización contra el ingreso
en prisión de guardias civiles por faltas administrativas.
2000:
Participación en la manifestación del 1 de Mayo. Persecución de dirigentes y
afiliados. COPROPER inicia contactos con todos los grupos parlamentarios para
llevar las demandas del colectivo al Parlamento.
2001: COPROPER
lleva a los tribunales la ampliación de sus estatutos y su nuevo nombre, AUGC.
6 de diciembre
2001: Miles de personas se concentran ante la sede de la Dirección General de
la Guardia Civil reclamando derechos para los guardias civiles
2002: AUGC se
consolida por todo el país. Las elecciones al Consejo Asesor de Personal (CAP),
puestas en marcha por el Director General, señor Valdivielso, son copadas por
AUGC (31 vocales. el 92% de la escala de guardias y cabos, y el 50% de
suboficiales).
6 de diciembre de
2003: De nuevo miles de personas se concentran en Madrid, esta vez ante el
Ministerio del Interior, para reclamar la democratización de la Guardia Civil
2004: Ingreso de
AUGC en EuroCOP, la organización sindical que agrupa a más de medio millón de
policías europeos.
22 de enero de
2004: AUGC organiza un gran acto político y sindical en el Palacio de Congresos
de Madrid para reclamar derechos y democracia en la Guardia Civil. AUGC publica
en la prensa. ese mismo día, su MANIFIESTO POR LOS DERECHOS DE LOS GUARDIAS
CIVILES.
2004: Victoria
socialista en las elecciones generales. Frustración tras la elección de un
general de Aviación, Carlos Gómez Arruche, como nuevo director general del
instituto.
Verano de 2004:
AUGC renuncia a su presencia en el CAP por su total inoperancia y propugna la
abstención en la renovación de cargos. Sólo votará en las elecciones de octubre
de este año el 083 % del censo.
21 de junio de
2004: Firma del acuerdo de unidad sindical entre AUGC, SUP y CEP.
Enero de 2005:
Nuevos ingresos de guardias civiles en prisión militar por faltas
administrativas. El Gobierno socialista no cumple sus promesas.
Mano de 2005:
Campaña de concienciación vial
24 y 25 de mayo
de 2005: AUGC traslada sus reivindicaciones al Parlamento Europeo.
6 de diciembre de 2005: Manifestaciones de AU( JC ante las delegaciones de Gobierno con motivo del Día de la Constitución. La apertura de expedientes disciplinarios a dirigentes de AUGC que encabezan estas concentraciones desata una intensa campaña de solidaridad. Las sanciones terminan por no materiali7arse.
22 de abril de 2006: Gran concentración de
guardias civiles convocados por AUGC en la Plaza Mayor de Madrid por la
dignidad y la democracia.
2 de noviembre de
2006: AUGC gana en Estrasburgo el caso Costa da
Silva, que declara ilegales los arrestos.
5 de diciembre de
2006: 200 dirigentes de AUGC de uniforme presentan sus quejas ante la oficina
del Defensor del Pueblo en Madrid.
20 de enero de
2007: Miles de guardias civiles se concentran de uniforme en la Plaza Mayor de
Madrid con el lema Derecho ya,
Las sanciones a
21 de los dirigentes de AUGC provocan una amplia movilización por todo el país.
28 de junio de
2007: Por 183 votos a favor frente a 131 en contra (del PP), el Congreso de
Diputados aprueba la Ley de Derechos y Deberes de los Guardias Civiles y el
cambio a un régimen disciplinario más moderno _v adecuado a las funciones
policiales de la Guardia Civil,
13 de noviembre
de 2007: Entra en vigor la Ley Orgánica 11/207 reguladora de los derechos y
deberes de los guardias civiles, y el 24 de enero de 2008 la Ley Orgánica
12/2007 del nuevo régimen disciplinario de la Guardia Civil.
Enero y febrero
de 2008: Primeras asambleas de AUGC en los cuarteles y unidades.
1 de Mayo de
2008: AUGC participa por vez primera en todas las manifestaciones obreras y
sindicales con sus propias pancartas.
18 de junio de
2008: Gran acto en Madrid bajo el lema AUGC CONTIGO.
Verano de 2008:
Los guardias civiles, encabezados por AUGC, participan en las primeras
movilizaciones policiales que reclaman dignidad laboral y equiparación
salarial.
7 de octubre de
2008: Dirigentes de AUGC presentan un escrito denunciando el incumplimiento del
Gobierno en relación con la convocatoria de las elecciones al Consejo de la
Guardia Civil.
18 de octubre de
2008: Gran manifestación en Madrid de policías y guardias civiles por los
derechos laborales y profesionales.
La Dirección
General de la Guardia Civil y la Policía anuncia sanciones contra los guardias
civiles que acudan. Finalmente, se abrirán 4 expedientes a dirigentes de AUGC.
22 de enero de
2009: Primeras elecciones al Consejo Asesor de la Guardia Civil. AUGC logra una
importante victoria: 9 de los 15 vocales.
12de febrero de
2009 :Constitución del Consejo Asesor de la Guardia Civil.
25 de junio de
2009: Asamblea General de AUGC. con asistencia del Director General de la
Guardia Civil y Policía.
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