CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO
Decía Cicerón que la verdad se corrompe no sólo por la mentira sino por el silencio. En el mes de mayo de 2021 se cumplirán 3 años de la carta abierta al Presidente del Gobierno, en aquel tiempo Mariano Rajoy. Con la misma vigencia se remite al actual Presidente del Gobierno Pedro Sánchez.
La Guardia Civil, desechada la primera idea de disolución por su dudosa fidelidad, se convirtió en un cuerpo del Ejército dirigido por militares profesionales. Una ley de 1940 estableció un nuevo marco normativo de este cuerpo depurado por la guerra (recuérdese que la mitad del instituto armado se había mantenido leal a la República) en la que todos los mandos eran militares y los guardias excombatientes. La Guardia Civil se convirtió pronto en la fuerza vigilante del régimen en el interior y se hizo precisamente imponiéndole unas condiciones de vida muy duras. La Guardia Civil fue gobernada con mano de hierro por Alonso Vega quien, ante cualquier denuncia de irregularidad en un puesto respondía con la expulsión inmediata de los agentes implicados, lo que dejaba a su familia en completo desamparo. El resultado fue de un comportamiento de los guardias de absoluta fidelidad y sumisión.
El movimiento reivindicativo en la Guardia Civil tiene sus inicios en diciembre de 1.976, en la manifestación celebrada en Madrid ante las puertas del Ministerio del Interior, en la que participaron alrededor de 400 miembros de la Guardia Civil y de la entonces denominada Policía Armada. Su reivindicación principal era la de ser dados de alta en la Seguridad Social.
Casi paralelamente (unos años antes) se crea la Unión Militar Democrática (UMD) cuya finalidad no es otra que “democratizar” las Fuerzas Armadas dotándolas de modernidad y acercarlas a la sociedad civil. Y es en los primeros años 80 cuando surgen diferentes movimientos clandestinos por diversas provincias reivindicando mejoras y cambios en la Guardia Civil. Surgió el SUGC (Sindicato Unificado de Guardias Civiles), de similares finalidades en su ámbito en pro de un mejor servicio a la sociedad y respeto de los derechos humanos.
El doble rasero de la justicia militar se pone en evidencia al comparar las condenas, por el mismo delito de conspiración para la rebelión militar, de la causa 250/75 (miembros de la UMD) con las de la causa 559/78 (operación Galaxia). En este segundo proceso, el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero Molina y el capitán de la Policía Armada Ricardo Sáenz de Ynestrillas, con planes elaborados para ejecutar un golpe de Estado, y mando directo en fuerzas de orden público, fueron condenados, respectivamente, a penas de 7 y 6 meses de prisión. El contraste con las penas de 8 a 4 años de prisión impuestas a los oficiales de la UMD, no puede ser más revelador. La irresponsabilidad del fallo benigno de la Operación Galaxia, motivado por un malentendido (y peligroso) corporativismo, contra quienes reconocían abiertamente su intención de subvertir el orden constitucional, tendrá su trágica continuación en el secuestro del Congreso de los Diputados del 23 de febrero de 1981 y los sucesivos planes de interrupción del proceso democrático.
Paradójico que capitanes golpistas de la Guardia Civil que después del asalto al Parlamento siguieron haciendo carrera alcanzando el grado de coronel, y unos años más tarde, guardias civiles por solicitar y defender derechos amparados constitucionalmente, fuesen perseguidos, represaliados y expulsados.
Es en la 3ª legislatura mediante la ley 24/1986 de Rehabilitación de Militares Profesionales, se ordenaba la rehabilitación plena reconociendo su derecho a solicitar su reincorporación. Para impedir que la voluntad legislativa fuera una vez más contestada por la beligerante cúpula militar, el gobierno, en una idea sugerida al parecer por el general Sáenz de Santamaría, presentó la ley en un momento en que estaba pendiente la renovación de la Junta de Jefes de Estado Mayor (JUJEM). De esta forma, los nuevos jefes, especialmente el del Ejército (JEME), no tenían que asumir como propia esta medida, todavía impopular en los mandos militares. Años más tarde conseguirían el reconocimiento público y expreso por parte del Gobierno socialista.
Posiblemente, la figura de Julio Busquets, entre otros, diputado socialista y miembro de la UMD, contribuyo a su rehabilitación. En una situación política consolidada como la actual, los miembros de la Guardia Civil, sargento José Morata, cabo Manuel Rosa, guardia José Piñeiro y guardia Manuel Linde (a título póstumo), expulsados de la Guardia Civil desde la época de los 90 por solicitar derechos constitucionales deben ser rehabilitados. Es de justicia democrática llevar a efecto el cumplimiento de la PNL de UPyD aprobada en el Congreso de los Diputados por unanimidad en septiembre del 2009, o crear una Ley a tales efectos.
El SUGC abogó en la transición por la consolidación democrática en nuestro país, que reconozca los derechos humanos a todas las personas y haga que la Guardia Civil, con preparación y medios, hagan realidad el artículo 8 del Reglamento para el Servicio. Será siempre un pronóstico feliz para el afligido, infundiendo la confianza de que a su presentación (…).
Los guardias civiles demócratas asumieron una tarea que el Estado está obligado a reconocer, agradecer y valorar.
Marzo 2021
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