Mediterránea Lliure

  Las elecciones al Consejo de la Guardia Civil, previstas para los días 28 y 29 de octubre de 2025, se perfilan como un termómetro crucial del estado de ánimo dentro del Instituto Armado. El proceso, regulado por la Ley Orgánica 11/2007 y por el Real Decreto 1963/2008, permite que las distintas asociaciones profesionales presenten candidaturas en representación de las escalas de Cabos y Guardias, Suboficiales y Oficiales. Aunque el Consejo no tiene carácter sindical en sentido estricto, se ha convertido en la vía principal de interlocución y en un espacio de presión en materia de derechos laborales, retribuciones y condiciones profesionales. La experiencia de 2021 sirve como referencia: la participación rondó el 45% en la escala de Cabos y Guardias y se eligieron 16 vocales en total. En aquella ocasión, JUCIL (Justicia para la Guardia Civil), heredera del movimiento Jusapol, se alzó con la primera posición en la escala básica gracias a un discurso confrontacional centrado en la ...

  El reciente caso de Oliva (Valencia), en el que un agente de la Guardia Civil fue grabado agrediendo a una mujer esposada e indefensa, ha reabierto un debate tan incómodo como necesario: ¿por qué se siguen produciendo episodios de abuso policial en sociedades democráticas como la nuestra? La violencia desproporcionada mostrada en el vídeo no es un simple “exceso” individual, es un síntoma de un problema más amplio que requiere mirarse de frente. ¿Por qué sucede? Falta de control interno eficaz Aunque los cuerpos de seguridad cuentan con protocolos disciplinarios, la realidad es que muchos abusos quedan invisibilizados porque rara vez salen a la luz pública. En este caso, de no haberse difundido el vídeo en redes sociales, probablemente no se habría actuado con la misma rapidez. Cultura corporativista Existe una tendencia a proteger la imagen del cuerpo antes que a depurar responsabilidades. Esa mentalidad de “cerrar filas” alimenta la impunidad y erosiona la confianza ciudadana. ...

  La Constitución española de 1978 trazó una arquitectura institucional con vocación democrática: distinguió con claridad a las Fuerzas Armadas (art. 8) de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (art. 104), atribuyendo a estas últimas “naturaleza civil”. Sin embargo, casi medio siglo después, la Guardia Civil sigue siendo un cuerpo policial de estructura militarizada , con academias castrenses, régimen disciplinario propio de tropa y oficialidad, mutualidad de defensa (ISFAS) y presencia protocolaria en la Pascua Militar. Esa dualidad no es solo anecdótica: constituye una paradoja constitucional.   La sentencia Dacosta Silva c. España (TEDH, 2006) subrayó la gravedad de esa contradicción. El Tribunal de Estrasburgo consideró contrario al art. 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que un guardia civil pudiera ser arrestado disciplinariamente sin control judicial independiente. Con ello, el TEDH no anulaba el carácter militar en sí mismo, pero sí advertía de sus consecuencias...

  Hipótesis sobre la falta de transparencia: La ausencia de información pública y detallada sobre las bajas psicológicas y los retiros por salud mental en la Guardia Civil puede explicarse por diversos factores. En primer lugar, la naturaleza militar del cuerpo favorece una cultura institucional de reserva frente a la divulgación de datos internos, especialmente en ámbitos considerados sensibles. En segundo lugar, existe una estigmatización histórica de los problemas de salud mental en los cuerpos de seguridad, lo que disuade a la organización de reconocer de manera explícita la magnitud de estas situaciones. Asimismo, el argumento recurrente de la protección de datos personales se utiliza como justificación para no ofrecer información desagregada, pese a que sería perfectamente posible hacerlo de forma agregada y anonimizada. Finalmente, deben considerarse también los factores de gestión reputacional y política , ya que el número de suicidios, bajas y retiros por causas psico...