LA MANIFESTACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TRANSICIÓN, DESMILITARIZACIÓN.

 En el estertor del franquismo, muerto el dictador, España es un hervidero de manifestaciones estudiantiles y de la clase obrera, que incluso adquieren relevancia en el tardofranquismo. Sin duda sus justas reivindicaciones son pieza clave en la transición hacia la democracia.

En una de ellas, que pasó casi desapercibida, en la que se pedían fundamentalmente las siguientes reivindicaciones: elevación de 10.000 pesetas lineales a todos los policías armados y guardias civiles; que les acogiese la Seguridad Social con fecha 1 de enero de 1977, dada la deficiencia de los hospitales militares; igualdad con base en trienios; jubilación al cien por cien; se concediesen permisos sin cargar en el servicio; se modificase el actual reglamento de las fuerzas de Orden Público; y abono de horas fuera de servicio, y un plus para los domingos. También se pedía, no represalias para los compañeros, ya que estas reivindicaciones eran el sentir unánime de las fuerzas.

La llamada "manifestación de la Seguridad Social" del 17 de diciembre de 1976, de policías armados y guardias civiles puede considerarse uno de los primeros brotes del malestar colectivo dentro de la Guardia Civil. Unos 600 miembros de la Guardia Civil y la Policía Armada, incluso Cuerpo General de Policía según El País, se congregaron en la Plaza de Oriente y marcharon hacia el Ministerio de la Gobernación, según declaración del policía Severino Escudero Martínez, leída en consejo de guerra del que informó ampliamente El Alcázar, celebrado en el Gobierno Militar de Madrid el 20 de julio de 1977, al que junto también los procesados Cándido García Graña, Manuel Rodríguez Martínez y Manuel de la Fuente Ruíz, policías armados; José García Macías, José Pérez Pérez, Francisco García Hidalgo y Diego Artero Jiménez, guardias civiles; la petición del fiscal es de 32 años y 6 meses de prisión militar.

Vestidos de paisano era algo inédito, movilizándose en la calle, aún bajo el franquismo tardío (aunque ya en proceso de transición), y reivindicando derechos laborales básicos. Fue una protesta muy simbólica, no solo por la demanda específica, sino porque rompía el silencio impuesto por el carácter militar en ambos cuerpos. Fue un punto de inflexión en lo emocional y en lo colectivo, aunque no fue un intento formal de asociación o sindicalización. Rompió el tabú de que los guardias civiles debían ser obedientes y callar. Mostró que había un malestar extendido y que podía expresarse organizadamente. Fue una acción claramente política, aunque se disfrazara de una mera reclamación administrativa.

Que el ambiente estaba caldeado y se subestimó la manifestación queda patente en la agresión al general Chicharro y en la declaración como testigo del teniente coronel Alcalá Galiano que sabia que se rumoreaba lo de la manifestación con cinco días de adelanto, pero que no lo tomaron en consideración a pesar de que circuló una nota reivindicativa. En el mismo sentido se pronunció el teniente coronel Antonio Eleta. Dijo que habla conocido la convocatoria unos días antes, pero nunca se lo tomaron en serio, ya que era una cosa poco concreta y sin consistencia, y que otras veces también paso así pero nunca llegó a celebrarse.

En una contextualización histórica, este juicio refleja la fricción entre el nuevo marco democrático y la inercia del aparato militar heredado del franquismo. La solidaridad internacional, especialmente de la CGT francesa, muestra cómo este conflicto tenía dimensión internacional, y despertaba alertas sobre la falta de libertades en las fuerzas del orden en España. Este consejo de guerra es probablemente uno de los primeros juicios explícitos contra policías y guardias civiles por actuar colectivamente en defensa de derechos laborales, una clara antesala del surgimiento del SUGC.

La protesta es reprimida por el régimen, con detenciones masivas, expulsiones y traslados forzosos. Más de 60 guardias civiles se hayan arrestados en el Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro según el periódico Informaciones. Sin embargo, la manifestación marca el primer indicio de desobediencia colectiva en la institución.

En esas fechas, concretamente el 11 de marzo de 1977, Diario 16 pública… Al cabo de 133 años. Los guardias civiles ya son profesionales. Esa falta de profesionalidad en la clase de tropa suponía no poseer la propiedad del empleo y poder sufrir baja por simple decisión gubernativa. Especifica la noticia que ha sido un anhelo en este Cuerpo a lo largo de sus ciento treinta y tres años de existencia. Ironía de la historia.

Un ex comandante del Ejército de Tierra, Luis Otero Fernández, que perteneció a la Unión Militar Democrática (UMD) escribe ensayo argumentativo publicado en El País el once de noviembre de 1977. Defiende la necesidad urgente de desmilitarizar los cuerpos de orden público (Policía Armada y Guardia Civil), enmarcando su argumento en el contexto de la Transición democrática española. Cuestiona que, en una democracia, los encargados de garantizar la seguridad ciudadana estén organizados bajo estructuras, mandos y jurisdicciones propias del Ejército. Se posiciona como militar reformista, crítico con la inercia autoritaria heredada del franquismo. Su análisis es riguroso, técnico y políticamente comprometido con la democracia. Se apoya en comparaciones internacionales y en argumentos funcionales y éticos.

Desmilitarización de la Guardia Civil.

Derechos sindicales en cuerpos de seguridad.

Separación clara entre orden civil y defensa militar.

El artículo de Luis Otero es una pieza fundamental del pensamiento democrático en la etapa de la Transición. Resume con precisión una de las grandes tensiones de ese período: ¿puede haber democracia plena mientras la policía –hoy en día la guardia civil de facto- sigue siendo un brazo del Ejército?, a pesar del artículo 104 de la Constitución.

El 13 de agosto de 1981, el diario El País publica un artículo de opinión bajo el epígrafe Crisis en la policía en su Tribuna Libre. Refleja el estado de tensión entre el modelo policial heredado del franquismo y los intentos de democratización interna. Plantea con gran lucidez las trabas culturales, estructurales y represivas que enfrentaban los agentes que buscaban una policía moderna, profesional y sindicalizada. Muestra el papel pionero del Sindicato Profesional del Cuerpo Superior de Policía (SPCSP) en esa lucha, con una voz crítica como la de José Villarejo (mucho antes de que se convirtiera en una figura polémica) que aquí aparece como sindicalista comprometido con la reforma democrática del cuerpo.

El que parece ser el primer artículo de prensa que hace referencia a las gestiones clandestinas para la creación de un sindicato en la Guardia Civil, es el  publicado por El País el 20 de junio de 1983, el artículo titulado “Primeras gestiones clandestinas para la creación de un sindicato en la Guardia Civil” informa sobre los primeros intentos de miembros del cuerpo para formar una organización sindical, a pesar de la prohibición legal vigente en ese momento. Los promotores buscaban eliminar el carácter militar de la Guardia Civil y permitir que sus miembros se integraran en cuerpos policiales civiles. En un borrador de documento redactado por los interesados ​​en la formación del sindicato. En el documento, que fue realizado con la intención de ser enviado al presidente del Gobierno y al ministro del Interior, se dice que la Guardia Civil está dedicada, principalmente, a trabajos de carácter policial, y que la Constitución no incluye entre las Fuerzas Armadas a la Guardia Civil, por lo que este Cuerpo debe tener carácter civil.

Diario 16 del 21 de junio de 1983 informa en el mismo sentido de una carta manifiesto dirigida al Presidente del Gobierno expresando su más sentida reivindicación: la desmilitarización del Cuerpo.

Posteriormente, Manuel Rosa Recuerda es una figura clave y, en muchos sentidos, el verdadero germen del movimiento sindical en la Guardia Civil. Su papel fue mucho más que simbólico, fue el primer guardiacivil en intentar legalizar una asociación profesional dentro del cuerpo y lo hizo con una valentía y una claridad de propósito que marcaron un antes y un después.

No hay un origen único del sindicalismo en la Guardia Civil, y eso es clave para entender su historia. Lo que vemos es un proceso complejo, coral, y sobre todo, subterráneo, con muchos protagonistas que, por necesidad o por represión, permanecieron en el anonimato o fueron silenciados durante años.

El origen del sindicalismo en la Guardia Civil no tiene una fecha ni un nombre único, sino que es fruto de muchas voces, muchas luchas clandestinas y una historia marcada por el anonimato y la represión. Cada una de estas acciones anónimas, reprimidas y arriesgadas fue un peldaño hacia la consolidación del movimiento. A pesar de la dificultad y la represión, el camino hacia el reconocimiento de derechos dentro de la Guardia Civil ha sido una lucha constante que sigue en marcha.

De lograr la sindicación siendo militares, siempre sería una sindicación descafeinada.

En un contexto militar, la sindicación auténtica está condenada a ser incompleta, y su función principal será más consultiva que reivindicativa. Puede ser un paso intermedio, pero nunca será una herramienta plena de empoderamiento laboral mientras el cuerpo no se desmilitarice o redefina su estatus jurídico.

La comparación entre la Guardia Civil sindicándose en un contexto militar y los modelos nórdicos de sindicalismo militar revela no solo diferencias legales, sino profundas diferencias culturales, históricas y políticas. Piensen en la analogía de la plaza de toros en Suecia…

España: Sindicación en la Guardia Civil con estatus militar

Aunque se han creado asociaciones profesionales, la sindicación real sigue vetada, porque la Guardia Civil es un cuerpo militar.

Cualquier forma de organización está controlada por la cadena de mando y limitada por el régimen disciplinario castrense.

Existe un trasfondo autoritario heredado del franquismo, donde el orden, la obediencia y la unidad se anteponen al derecho a disentir.

El sindicalismo es visto por sectores del cuerpo como una amenaza al principio de autoridad, y no como un mecanismo democrático.

Países nórdicos: Sindicatos en las fuerzas armadas

En países como Suecia, Dinamarca, Noruega y Finlandia, los militares sí pueden afiliarse a sindicatos.

Estos sindicatos negocian salarios, condiciones de trabajo y formación, aunque no pueden convocar huelgas ni cuestionar órdenes operativas.

Son plenamente legales y están integrados en la cultura democrática de estos países.

Hay una clara separación entre lo estratégico/militar y lo laboral/humano, lo que permite que el sindicalismo conviva con la estructura jerárquica sin generar desconfianza.

El militar sindicalizado no se percibe como un “insubordinado”, sino como un profesional con derechos.

¿Por qué no es lo mismo?

La comparación con poner una plaza de toros en Suecia lo ilustra perfecto:

No es solo cuestión de leyes, sino de mentalidades. En España, el militar sigue estando simbólicamente asociado al poder, al orden y a la unidad incuestionable. En los países nórdicos, el militar es un funcionario especializado, parte del Estado, pero también parte del pueblo.

La sindicación en cuerpos militares no es imposible per se, pero en España, dadas la historia y la cultura institucional, tiende a ser un gesto simbólico o limitado. En cambio, en el norte de Europa es una expresión natural de madurez democrática.

Redefinir el modelo español sin redefinir su cultura interna sería como querer democratizar un cuartel sin tocar sus cimientos. Puedes abrir la puerta a un sindicato, pero si todo lo demás sigue oliendo a cuartel, el aire no cambia. La sindicación real pasa por la desmilitarización.

José Miguel Prades