ANATOMÍA DE UNA SENTENCIA, dada en Madrid el 18-10-1993.

 El documento detalla el proceso judicial relacionado con el recurso de amparo presentado por Manuel Rosa Recuerda ante el Tribunal Constitucional. ​ Este recurso se originó por la denegación de inscripción de la "Unión Democrática de Guardias Civiles" (U.D.G.C.) ​ en el Registro de Asociaciones del Ministerio del Interior, inicialmente rechazada por silencio administrativo. Posteriormente, las sentencias de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo confirmaron esta denegación, argumentando que la asociación no cumplía con los requisitos legales y que su naturaleza era más cercana a la de un sindicato, lo cual está prohibido para los miembros de la Guardia Civil según la legislación vigente. ​

Resumen:

Antecedentes: Manuel Rosa Recuerda solicitó la inscripción de la U.D.G.C., pero fue rechazada por silencio administrativo. ​ Alegó vulneración de derechos fundamentales, como el derecho de asociación (art. ​ 22 de la Constitución) y la igualdad (art. ​ 14). Las sentencias judiciales confirmaron la denegación, argumentando que la asociación tenía características sindicales, prohibidas para la Guardia Civil. ​

Decisión del Tribunal Constitucional: El Tribunal concluyó que la actuación administrativa fue inmotivada y arbitraria, lo que vulneró el derecho fundamental de asociación. ​ La Administración tiene la obligación de emitir resoluciones expresas y motivadas, especialmente cuando se trata de derechos fundamentales. ​

Resolución: El Tribunal Constitucional estimó el recurso de amparo, declaró nulas las sentencias previas y ordenó a la Administración emitir una resolución motivada sobre la inscripción de la U.D.G.C.

Conclusión:

El Tribunal Constitucional reconoció que la denegación por silencio administrativo y la falta de motivación vulneraron el derecho de asociación del recurrente. La Administración debe garantizar que sus decisiones sean claras, motivadas y respeten los derechos fundamentales. ​ Este caso subraya la importancia de la transparencia y la fundamentación en los actos administrativos, especialmente cuando afectan derechos constitucionales.

 ​La sentencia del Tribunal Constitucional tiene las siguientes implicaciones para la "Unión Democrática de Guardias Civiles" (U.D.G.C.) ​:

Reconocimiento del derecho de asociación: El Tribunal Constitucional reconoció que la denegación de inscripción por parte de la Administración vulneró el derecho fundamental de asociación del recurrente. ​ Esto implica que la U.D.G.C. tiene derecho a que su solicitud sea evaluada de manera adecuada y conforme a la Constitución. ​

Obligación de la Administración: La Administración encargada del Registro de Asociaciones del Ministerio del Interior está obligada a emitir una resolución expresa y motivada sobre la procedencia de la inscripción de la U.D.G.C. ​ Esto significa que no puede rechazar la solicitud de manera arbitraria o por silencio administrativo, sino que debe justificar su decisión. ​

Posibilidad de inscripción: Aunque la sentencia no ordena directamente la inscripción de la U.D.G.C., abre la puerta para que la asociación sea evaluada nuevamente, esta vez con una resolución motivada. ​ Si la Administración no encuentra razones legales válidas para rechazarla, la inscripción podría proceder. ​

Precedente jurídico: La sentencia establece un precedente importante sobre la protección del derecho de asociación y la obligación de la Administración de actuar de manera transparente y fundamentada, especialmente en casos que afectan derechos fundamentales. ​

En resumen, la sentencia representa un avance significativo para la U.D.G.C., ya que obliga a la Administración a reconsiderar su solicitud de inscripción de manera motivada y respetando los derechos constitucionales. Esto podría facilitar su reconocimiento oficial como asociación, siempre que cumpla con los requisitos legales establecidos.

El hecho de que la denegación inicial se produjera por silencio administrativo -una forma de no decidir- fue considerado especialmente grave, dado que estaba en juego el derecho fundamental de asociación. La sentencia puso el foco en la obligación de la Administración de motivar sus decisiones cuando se trata de derechos esenciales. No basta con callar: el silencio, en estos casos, no es neutral, es injusticia.

A partir de este fallo, las asociaciones formadas por miembros en activo de la Guardia Civil encontraron en este precedente una vía para reclamar con más solidez. La jurisprudencia dejó claro que la Administración no podía actuar de forma opaca. Cada negativa debía estar justificada, argumentada, y respetar los derechos constitucionales. El fallo reafirmó que incluso en los casos en los que la Administración considere inadmisible una solicitud, está obligada a fundamentar su decisión de manera clara y respetuosa con los principios constitucionales, lo que refuerza las garantías procesales y evita decisiones arbitrarias.

El caso de la U.D.G.C., aun en su aparente derrota, se transformó en una victoria jurídica: una guía para otros que, como ellos, deseaban organizarse, dialogar y defender sus intereses dentro del marco legal. Casi cinco años transcurrieron desde el inicio del proceso judicial hasta que el Tribunal Constitucional dictó sentencia en el recurso de amparo núm. 871/1990 interpuesto por Manuel Rosa Recuerda, en representación de la Unión Democrática de Guardias Civiles (U.D.G.C.). 

El cabo Rosa, con quien se ha contactado para la finalización de este artículo, compartió su reflexión sobre el tema y como comentario añade:

 "1) El art.22 de la Constitución, de manera general y como DERECHO FUNDAMENTAL DE LAS PERSONAS, otorga legalidad a todas las Asociaciones, debiendo éstas anotarse en un Registro, donde han de presentar, ACTA FUNDACIONAL, EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y ESTATUTOS".

"2) La Administración con ello, ha de otorgar un Número de Registro y con éste ya puede expandirse, con legalidad, NO PUDIENDO PROHIBIR A NINGUNA, salvo pedir la subsanación de los defectos que observe. A la UDGC, no se le pidió la subsanación de nada, luego es LEGAL".

"3) El Tribunal Constitucional anuló todas las Sentencias, contra la UDGC, siendo su potestad HACER EJECUTAR LO SENTENCIADO".

"4) Como supuestamente es una PREVARICACIÓN descarada, no obligarse a la Administración, la EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA, dada respecto a la UDGC, el recurrente está en trámites de denuncia ante el Tribunal Penal Internacional de la Haya, para que se sentencie la actuación de la Administración y Tribunal Constitucional, supuestamente PREVARICADOR, al permitir 40 años prácticamente, la no legalidad de la UDGC".

José Miguel Prades