GUARDIA CIVIL Y ARTÍCULO 104 DE LA CONSTITUCIÓN

 

El artículo 104 de la Constitución refleja el cambio de modelo policial en contraposición con el modelo policial franquista, expresa la voluntad del constituyente de terminar con un modelo militarizado de ejercicio del orden público.

Una concepción de la policía como un mecanismo de defensa del poder contra el pueblo no podía perpetuarse en un sistema constitucional democrático, y el constituyente español estimó oportuno plasmar tal evolución en la Carta Magna. Se entiende así que dedicara un artículo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

La Constitución pone fin a la implicación de las Fuerzas Armadas en el mantenimiento de orden público, creando las bases  para una policía civil en consonancia con los principios democráticos y profesionalizada. Manifiesta claramente la separación orgánica y funcional entre Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Es evidente que un orden constitucional democrático es incompatible con el uso de procedimientos represivos ilícitos, 23F, GAL y Operación Columna –todavía por esclarecer- por ejemplo. Los hechos importan, la historia importa.

No hay duda alguna acerca de la creación de la Guardia Civil como fuerza civil al servicio de la autoridad civil, en la exposición de motivos del decreto fundacional de 28 de marzo de 1844 se lee que “ni el ejército ni la Milicia nacional desempeñan con la fe necesaria el servicio enojoso de la policía” constatando “ser una necesidad, porque ninguna de las fuerzas existentes puede llenar la falta de un cuerpo civil”.

Dada la coyuntura de la época, la presión de las máximas autoridades castrenses, se impuso el espadón –personaje de elevada jerarquía en la milicia, y, por extensión, en otras jerarquías sociales. Militar golpista-, acepción RAE, y con ello el modelo inicial de la Guardia Civil quedó bien pronto desnaturalizado. Pocos días después de que el general Narváez presida el Gobierno, un nuevo Decreto de 13 de mayo de 1844 dejaba irreconocible el Decreto fundacional.

La Guardia Civil sigue siendo un reducto de la militarización del orden público imperante en su fundación, lo cual manifiesta la debilidad del poder político de la época, siendo así los militares quienes tutelen el Estado e incluso algunos lleguen a ser presidentes de Gobierno.

La presencia del lobby militar durante la transición española y su influencia en la Constitución de 1978 fue un reflejo de los equilibrios necesarios en un momento de transformación histórica. Aunque los militares no lograron imponer un modelo continuista del franquismo, su influencia moderó el alcance de algunas reformas como la desmilitarización de la Guardia Civil, garantizando que sus principales preocupaciones -la unidad territorial y la seguridad del Estado- quedaran reflejadas en el texto constitucional. Este proceso permitió una transición más estable, aunque con tensiones que se manifestaron durante los primeros años de democracia.

Del “todo atado y bien atado” que pronunció el dictador en su discurso de Navidad de 1969 y tras su muerte, pasamos a la partitocracia, cuyas características principales son:

Supremacía de los partidos: Los partidos políticos monopolizan el poder y las decisiones, relegando a un segundo plano las necesidades y demandas de los ciudadanos.

Control interno: Las cúpulas de los partidos tienen un gran poder sobre los representantes electos, lo que reduce su capacidad para actuar de manera autónoma.

Debilitamiento de la representación: Los representantes responden más a las directrices de sus partidos que a los intereses de los ciudadanos.

Burocratización: El sistema político se vuelve dependiente de los aparatos partidarios, con poco espacio para la innovación o la renovación.

Desconexión ciudadana: La participación popular se limita al voto periódico, sin opciones reales de incidencia en las decisiones políticas fuera de este ámbito.

Mientras que la democracia ideal busca el equilibrio entre la representación ciudadana y el respeto a la pluralidad, la partitocracia representa una distorsión de ese modelo, donde los partidos políticos adquieren un protagonismo desproporcionado. Este fenómeno puede generar desafección ciudadana y alejar al sistema político de sus principios democráticos. La clave para evitar la partitocracia es fortalecer los mecanismos de control ciudadano, promover la transparencia y garantizar que los partidos actúen como intermediarios, no como monopolizadores del poder.

En pleno siglo XXI no existe razón objetiva alguna que justifique naturaleza y carácter militar a la Guardia Civil más allá  de argumentos históricos y de tradición, totalmente anacrónicos. Ni existía tampoco cuando el constituyente de 1978 dejó la posibilidad abierta a la voluntad del legislador. Estaba la intimidación militar. Así mientras la Policía Nacional fue desmilitarizada unos años más tarde, la Guardia Civil sigue anclada en un pasado hermético que no se corresponde con la sociedad actual y sus miembros privados de derechos. “La democratización de España pasa por la desmilitarización incluso de la Guardia Civil” –véase periódico YA del 7 de octubre de 1980- según la Unión Sindical de Policías.

Una democracia avanzada no se construye con palabras, se construye con hechos.

 

José Miguel Prades